Se declaró la emergencia agropecuaria en Santa Fe por la sequía

Por Impulso

Está destinada a todo el territorio de los departamentos de 9 de Julio, San Cristóbal, Las Colonias, Castellanos, San Justo y San Javier

El Gobierno nacional declaró la emergencia agropecuaria para varios departamentos de la provincia de Santa Fe con el fin de instrumentar los mecanismos de ayuda previstos para los productores cuyas actividades fueron afectadas por la intensa sequía.

La resolución, publicada en el Boletín Oficial con la firma del ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, da lugar a la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios (CNEyDA), en consonancia con la solicitud elevada por la provincia.

Comprende el período entre el 1° de febrero y el 31 de julio de 2018 y está destinada a todo el territorio de los departamentos de 9 de Julio, San Cristóbal, Las Colonias, Castellanos, San Justo y San Javier.

También a algunas localidades de los departamentos de Vera (Calchaquí, Margarita, La Gallareta, Cañada Ombú, Fortín Olmos, Garabato, Golondrina, Intiyaco, Los Amores, Tartagal, Toba y Vera) y General Obligado (Malabrigo, Reconquista, Berna, El Arazá, Nicanor Molina, Arroyo Ceibal, Avellaneda, El Rabón, El Sombrerito, Florencia, Guadalupe Norte, Ingeniero Chanourdie, La Sarita, Lanteri, Las Garzas, Las Toscas, Los Laureles, San Antonio Obligado, Tacuarendí, Villa Ana, Villa Guillermina y Villa Ocampo).

También involucra a localidades de La Capital (Nelson, Cabal, Emilia, Arroyo Aguiar, Campo Andino, Laguna Paiva y Llambi Campbell); San Jerónimo (Maciel, Pueblo de Irigoyen, Casalegno, Estación Díaz, Gessler y Monj); Rosario (Arminda, Ibarlucea, Alvear, General Lagos, Pueblo Esther y Pueblo Uranga); San Lorenzo (Luis Palacios y Fuentes); Iriondo (Carrizales, Bustinza, Salto Grande y Totoras); Constitución (Godoy, Cepeda y Juan B. Molinas) y Garay (Helvecia).

Para poder acogerse a los mecanismos dispuestos por la Ley de Emergencia Agropecuaria Nacional (26.509), los productores damnificados deberán presentar el certificado extendido por la autoridad competente de la provincia.

La norma contempla una serie de beneficios impositivos y ventajas a través del Banco de la Nación, como la postergación de vencimientos hasta la finalización del ciclo productivo.

El estado de excepción que requirió la provincia fue convalidado por la CNEyDA y aprobado posteriormente por el Ministerio de Agroindustria de la Nación.

Imágenes: Ilustrativa no representativa cortesía devpolicy.org



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