El presidente Alberto Fernández consideró que “es muy difícil hacer una mejor democracia y una República más sólida con jueces que acuden en socorro de sus mandantes políticos o corporativos“.
“Es imperioso abordar cambios que le devuelvan a la Justicia el prestigio que unos pocos jueces y fiscales le han hecho perder“, señaló Fernández en un mensaje publicado en su cuenta de la red social Twitter.
El jefe de Estado se refirió en las redes sociales a un hilo de tuits publicados por la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo, referidos a la escasa confianza que los argentinos tienen en el proceder de los funcionarios judiciales.
Las publicaciones de Fernández y Losardo se produce tras la decisión adoptada por la Cámara Federal de Casación Penal, que dispuso que la causa por espionaje ilegal que involucra a exfuncionarios del Gobierno de Mauricio Macri pase a ser instruida en los Tribunales Federales de Comodoro Py.
La decisión del máximo tribunal penal del país se produjo antes de que el juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Auge, a cargo de la investigación, pudiera resolver la situación procesal de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, para quienes los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide habían reclamado sus procesamientos.
El expediente estará ahora en manos de la jueza María Eugenia Capuchetti y tendrá como fiscal a Carlos Stornelli, quien se encuentra procesado por espionaje ilegal en una causa que se tramita en el juzgado federal de Dolores que encabeza Alejo Ramos Padilla.
Ahora, sólo una improbable intervención de la Corte Suprema de Justicia podrá evitar que el expediente se asiente definitivamente en los Tribunales de Retiro.
No obstante, Télam pudo saber que el abogado Carlos Beraldi, que representa a la vicepresidenta Cristina Kirchner -querellante en esa investigación- formulará un pedido en ese sentido.
Fuentes judiciales sostuvieron, en diálogo con Télam, que el máximo tribunal no suele hacer lugar a esos planteos porque sostiene que los conflictos de competencia deben ser dirimidos por el propio tribunal superior en materia penal, que en este caso es la Casación.
Télam