Con el correr de las horas del domingo, se informó que el Dr. Sebastián Narvaja avaló lo actuado indicando que la medida se encuentra vigente. La detención de Carey no fue por no haber informado el viaje, sino porque surgió nueva evidencia en su contra, por la cual lo van a imputar.
Este martes a las 11 de la mañana, se le ampliará la imputación al financista Carey por la causa Cofyrco en el Centro de Justicia Penal, el fiscal a cargo de la audiencia será el fiscal Miguel Moreno. La pericia sobre su teléfono, la cual tardaron casi un año en poder abrirlo, será la clave de lo que sucederá.
El traslado de Carey fue hecho por fuerzas de las TOE, que viajaron especialmente. De Ezeiza lo llevaron a la Jefatura de la URII, donde fue reidentificado y luego se lo envió al ORDER donde pasará la noche.
En agosto de este año, el fiscal de la Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Sebastián Narvaja, había solicitado cinco años de prisión para el financista y la apertura del juicio oral. En ese marco, el funcionario pidió una multa de 80 mil dólares y el decomiso de bienes y dinero. En un principio iba a solicitar la prohibición de salir del país durante el plazo de la condena.
Carey regresaba al país en el vuelo 1141 de Aerolíneas Argentinas precedente de la ciudad de Roma, Italia.
La causa que llevó a la detención de Patricio Carey
En junio de este año, el titular de la financiera allanada en 2020 había solicitado a la Justicia que archivara la causa que lo tiene como imputado por la tenencia ilegal de 174 DNI y la venta de dólares al narco Marcelo “Coto” Medrano, ocurrida en septiembre de ese año. El delito que se le atribuye es el lavado de activos de origen ilícito en calidad de autor.
La investigación llegó a Cofyrco tras el asesinato de Medrano, que había estado preso en una causa por narcotráfico y tenía vinculación con Los Monos y era uno de los líderes de la barra de Newell’s. Cuando los fiscales Edery y Schiappa Pietra dieron con su celular, encontraron que unas horas antes de morir había comprado casi 18 mil dólares en la financiera del centro. Al allanar unos meses más tarde las oficinas de Corrientes al 800, aparecieron otros datos que habilitaron el trabajo de la Unidad de Delitos Económicos.
Es que “Coto” no había tenido ingresos demostrables a lo largo de toda su vida y por eso el dinero que utilizó aquel día de su muerte puede haber provenido -según la teoría del fiscal Sebastián Narvaja- de la venta ilegal de estupefacientes. Fiscalía imputó a tres directores y un asesor financiero de la firma fueron imputados, además del intermediario que hizo de nexo con la operación con el narco. En este sentido, uno de los hallazgos fue una bolsa con casi 200 documentos de identidad que eran utilizados para comprar dólares en el mercado oficial sin que sus titulares lo supieran, ya que los habían denunciado como extraviados.
Para el fiscal Narvaja, había un rol clave que tenía Carey en la empresa más allá de lo que dijesen los papeles de composición societaria. Y desde ese lugar, le era imposible desconocer las irregularidades que descubrió el MPA cuando investigó el asesinato de Medrano, que involucraron a la financiera céntrica.
Otra de las acusaciones que realizó Narvaja estuvo vinculada con tablets que se sacaron de una oficina mientras los efectivos hacían el allanamiento. En las imágenes de las cámaras de seguridad de Cofyrco quedó registrado el momento en el que los dispositivos electrónicos que se sospecha podían tener información que no debía ser vista por los sabuesos del MPA, fueron retirados del lugar dentro de los pantalones de los imputados.
La jueza, tras los argumentos de la defensa y Fiscalía en el escrito, señaló para justificar la negativa al pedido de archivar la causa: “No han transmitido al Tribunal mérito convictivo suficiente para derivar en un estado de convencimiento en los terrenos de certeza negativa en cuanto a la dirección incriminante que transita la fiscalía según lo ha alegado, en ninguno de los puntos traídos a conocimiento y que formarían base para el dictado de archivo”.
Además, el mismo documento planteó que “en el sistema acusatorio intentar las vías mencionadas sin éxito en cuanto a la certeza que se reclama, siendo que la cuestión es susceptible de debate, puede llegar a interpretarse como posible distorsión del sistema haciendo entrometer al juez de la IPP en la tarea del fiscal”. Es que uno de los argumentos esgrimidos por la defensa de Carey era el de establecer valoración de los diferentes testigos que se aportaron hasta aquí en la investigación -muchos de ellos ex empleados de Cofyrco- ya que habría enemistades personales que motivaron la declaración. Para la jueza, esa es una decisión que debe darse en el marco de una audiencia de debate de un juicio.