La diputada Germana Figueroa Casas, de Juntos por el Cambio, presentó el proyecto de ley para brindar asistencia y mitigar riesgos desde el gobierno nacional en Santa Fe y otras siete provincias. Detalles de la propuesta.
El perfil hídrico de varias regiones de Argentina sufre el impacto del calentamiento global. Aumentan las temperaturas, y disminuyen las precipitaciones generando bajantes históricas en ríos como el Paraná o Chubut (donde al mismo tiempo incide la escasez de nevadas).
También hay consecuencias en la salud y la economía de las poblaciones. Por eso, Germana Figueroa Casas -diputada nacional por Santa Fe- y Ana Clara Romero -diputada nacional por Chubut- solicitaron la declaración del “Estado de Emergencia Hídrica” en ocho provincias para brindar asistencia y mitigar riesgos con el apoyo de sus pares de Santa Fe, Chubut y otras provincias.
De acuerdo con el proyecto, el plazo de la medida es de ciento ochenta días para los territorios de la cuenca del río Paraná que afecta a las provincias de Formosa, Chaco, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, Misiones y Buenos Aires y la cuenca del río Senguer y Chubut que afecta a las provincias de Chubut y Santa Cruz. Con el objetivo de que el Gobierno nacional, a través de sus organismos y ministerios, adopte medidas para afrontar la situación.
En dicho escenario, la continuidad de la producción genera preocupación. De tal modo, que las diputadas requieren gestiones para la preservación de la actividad y la conservación de los puestos de trabajo: líneas de crédito a tasa cero a cargo del Banco de la Nación Argentina como también prórrogas o suspensión de plazos y regímenes especiales de pago a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para los contribuyentes afectados por la emergencia.
Así la producción agropecuaria quedará exenta del pago de las alícuotas vigentes por derechos de exportación. En tanto, se prorrogará el vencimiento del pago de los tributos (ya existentes o crearse) que graven el patrimonio, los capitales o las ganancias de los emprendimientos. Y no estará sujeto a las actualizaciones nominales de la deuda.
A su vez, se eximirá de manera total o parcial de los impuestos sobre los bienes personales correspondientes a explotaciones e inmuebles arrendados. Tales medidas se aplicarán en las zonas afectadas durante la declaración de emergencia.
Otras cuestiones de la iniciativa están dirigidas a la realización de obras que sean necesarias para mitigar los efectos de la emergencia en las zonas afectadas, el asesoramiento a los servicios técnicos a través del Instituto Nacional del Agua y la implementación del Sistema Nacional de Alerta Temprana y Monitoreo de Emergencias (SINAME). Entidad que generará mapas dinámicos de riesgos para la planificación con eficiencia de acciones y decisiones; y dará respuestas a las poblaciones.
Además, la petición incluye asegurar el acceso a los puertos y el abastecimiento de la demanda energética; procurando el abastecimiento de recursos frente a la pérdida de oferta extraordinaria del agua de ríos y deshielos. En tanto, invitan a las provincias a disponer tarifas especiales para los servicios eléctricos, de agua potable y de transporte. Por último, el Poder Ejecutivo deberá informar los planes ejecutados y a ejecutar al Congreso de la Nación en un término de sesenta días.
“Ya se había dictado la emergencia hídrica, pero está a punto de vencer”, expresó Germana Figueroa Casas. Como indica, la declaración fue en julio de 2021 mediante el decreto 482/2021 para Formosa, Chaco, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, Misiones y Buenos Aires y en agosto de 2021 mediante la ley provincial para Chubut y Santa Cruz.
“Por eso, vamos a pedir que el Poder Ejecutivo la incorpore al temario al convocar a sesiones extraordinarias”, continuó ante la necesidad de su tratamiento. Antes de finalizar, detalló que actualmente la solicitud es impulsada junto a otros legisladores y destacó que el panorama está fortaleciendo la unión entre las provincias.
Situación hídrica del río Paraná
Según los registros, la cuenca del río Paraná presenta una disminución en su caudal. Desde septiembre de 2019 a enero de 2022, ha caído a su nivel más bajo en 77 años. De esta manera se generó inconvenientes en las navegación, que representa una vía fundamental para la economía de Argentina, Paraguay y Brasil, con un efecto negativo en las exportaciones agroindustriales.
También la sequía provoca dificultades en la reproducción y alimentación de la fauna. En su último informe, el Instituto Nacional del Agua indica que la bajante -de características extraordinarias a causa de su persistencia- deberá seguir con monitoreo, y sostiene que no se espera un pronto retorno a la normalidad con probabilidades de extensión.