Impulso

Tras un año de debate, el viernes logró la aprobación el Plan Director, un proyecto que implica una mayor urbanización en más de 700 hectáreas del Parque Cariló, partido de Pinamar.

El mismo cuenta con el apoyo del gobierno municipal, cuyo máximo exponente, el intendente Martín Yeza, brindó en las últimas horas detalles del plan que “cuenta con los más altos estándares urbanísticos, cuidado del bosque y que a la misma vez permite el desarrollo de la ciudad”.

En contraposición, la noticia no cayó bien en muchos residentes de la localidad ya que temen que la misma pierda su esencia, los bosques y la naturaleza constituyen su gran fuente de valor, al tiempo que advierten por el impacto ambiental del proyecto.

El bloque de Juntos por el Cambio aprobó el plan antes que se vencieran, en la Provincia, los dos plazos de expiración del proyecto y si bien las manos alzadas de la oposición no alcanzaban para postergar la sanción, el doble voto del presidente del cuerpo, Matias Yeannes, no fue necesario por la ausencia de la concejala del Frente de Todos, Laura Vigliecca.

La superficie que describe la nueva extensión urbana marca un total de 721,18 hectáreas, delimitado por la Ruta Provincial Nº 11, Ruta Interbalnearia, y colectora, la calle Corbeta Agradable, límite con Valeria del Mar, prolongación virtual calle Yatay, prolongación virtual calle Sombra de Toro, el Océano Atlántico y límite con el partido de Villa Gesell.

El polígono territorial comprende 13 fracciones catastrales distribuidas en el sector norte, el sector oeste y el sector sur, todos pertenecientes a Guerrero S. A., la firma heredera del creador de la zona balnearia.

En franca contradicción con las distintas asociaciones civiles de Cariló, la propuesta de la expansión para Cariló Sur, un tercio de la urbanización actual, propone que no se plantea como un espacio competitivo y diferenciado de la actual urbanización de la localidad, sino que, por el contrario, se organiza con un criterio de articulación con el claro propósito de integrar y complementar la oferta turística actual a partir de la incorporación de nuevos servicios turísticos, espacios residenciales y estándares de calidad acorde al tipo de demanda identificada.

El concejal vecinalista Roberto Elorz, por su parte, dijo que “con este proyecto se prioriza el dinero, el negocio inmobiliario y no el ambiente” y la oposición está en sintonía con los argumentos proteccionistas del ambiente, ya que este emprendimiento involucrará a unos 30.000 nuevos habitantes con la carencia de planta depuradora de líquidos cloacales; mientras que al mismo tiempo propone sustentabilidad con 155 hectáreas de viviendas multifamiliares, un punto que fue el más conflictivo.

La concejala de Juntos por el Cambio, Alejandra Apolonio, expresó en la sesión que “este proyecto marca un hito en el país, no solo por lo que implica desde lo urbanístico, sino además por el proceso que involucró este camino con la participación ciudadana y acuerdos entre los propietarios”, la edila remarcó que se cumplieron los requerimientos ambientales y los dictámenes técnicos.

En respuesta, el concejal Pablo Perrone del Frente de Todos, reconoció el proceso pero no estaba dispuesto a acompañar la ordenanza, porque se trataba de un plan de negocios, una seguridad para los herederos de la tierra, en la que no se contemplaba la cuestión ambiental.

Entre las objeciones técnicas remarcó “por el incremento potencial en la densidad, en función de los premios constructivos, se calcularía una capacidad de más de 35 mil personas, es decir, que este proyecto duplicaría la renta inmobiliaria para los desarrolladores, pero nadie asegura que la carga del recurso hídrico podrá soportarlo”, subrayó Perrone.