La tasa de inflación de febrero (6,6%) fue más alta que la de enero (6%) y probablemente más baja que la de marzo (que se estima en 7%). Será otra promesa incumplida el descenso de la inflación que, según el gobierno, en abril la tasa mensual comenzaría con un “3”. En febrero los ítems que más subieron fueron los alimentos, donde se destaca un incremento de la carne del 21%. La aceleración de los precios de los alimentos impacta de lleno en la Línea de Pobreza que es el valor de la canasta básica de consumo por debajo de la cual las familias se consideran pobres.
Por el momento, la respuesta oficial al aumento de la pobreza es promover la reapertura de paritarias, para que los salarios de convenio igualen a la inflación, y redoblar los esfuerzos en controlar los acuerdos de precios de los alimentos. La lógica subyacente es que la intervención del Estado promoviendo que los salarios suban y controlando los precios de los alimentos evitará que aumente la pobreza.
La pregunta que cabe hacerse es si esta estrategia tiene chances de reducir la pobreza. Para ello, sirve comparar la dinámica que tuvieron en el último año la Línea de Pobreza y los salarios. Según datos del INDEC y el Ministerio de Trabajo, entre diciembre 2021 y diciembre 2022, se observa que:
- La Línea de Pobreza aumentó en 100%.
- El salario de los trabajadores formales creció en 102%.
- El salario de los trabajadores informales creció apenas 65%.
Estos datos muestran que los salarios de los trabajadores formales, que están regidos por los convenios colectivos de trabajo, efectivamente siguen al ritmo de la Línea de Pobreza que crece con la inflación. Sin embargo, el salario de los trabajadores informales está desacoplado del de los formales y marcha muy por debajo de la inflación. Si la informalidad fuera marginal en la economía, esto no sería problema porque se los podría compensar con asistencia social. Pero en Argentina la informalidad alcanza al 50% de los trabajadores entre asalariados no registrados y cuentapropistas no profesionales.
La inflación afecta negativamente la actividad económica, disminuyendo la inversión productiva lo que desalienta la generación de empleos formales. De aquí que la mitad de los trabajadores sobreviven en la informalidad, aceptando trabajos precarios y mal pagos. Este es el principal factor causal de pobreza. Según el INDEC, en los hogares pobres sólo el 15% de los ingresos proviene del empleo formal, otro 35% proviene del empleo informal y el 50% proviene de fuente no laboral donde son preeminentes las transferencias del Estado. Los datos son contundentes, por más que se aumenten los salarios de convenio y la asistencia social, hay una amplia proporción de los ingresos –los informales– que se mantiene rezagada a la aceleración de la inflación, lo que se traduce en más pobreza.
El sistema político siempre encuentra razones y logra consensos para aumentar el gasto público lo que aumenta la inflación. Por ejemplo, frente a la crítica situación de Rosario, el Congreso se apresta a aprobar una ley aumentando la estructura del Poder Judicial. No se toma en cuenta que, en el Poder Judicial, como ocurre en el resto del Estado, hay enormes oportunidades para mejorar los servicios sin incrementar el gasto público. El Poder Judicial de la Nación asigna el 96% de su presupuesto a gasto salarial. En lugar de replantear procedimientos y modernizar la tecnología se decide crear 50 cargos más de jueces, defensores oficiales y fiscales. Se asume con naturalidad que las soluciones siempre pasan por aumentar el gasto público y nunca en aumentar la eficiencia.
La sanción de la ley implicará aumentar el gasto público, con esto la inflación y por ende la pobreza. Es decir, el Congreso contribuirá a que haya más mano de obra barata para los narcotraficantes. Es otro testimonio de que en materia de organización y gestión del Estado no hay grietas sino férreos acuerdos en torno a malas ideas. Mientras no se rompan estos consensos equivocados, no hay chances de salir de la decadencia.
Fuente: IDESA.org