“No es casual que sea Santa Fe una de las principales provincias en promover el debate por la declaración de las vacunas contra el Covid 19 como bien público, para promover su acceso con criterio de justicia sanitaria, porque tiene una tradición de décadas de gobiernos que han impulsado la producción pública de medicamentos como bien social”, señaló la diputada Claudia Balagué.
La legisladora habló en la apertura de las jornadas que convocaron, a través de un proyecto iniciado por el bloque Socialista y aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe, a especialistas de diversas áreas científicas, de gestión y activismo social para exponer sobre la exención de derechos de propiedad intelectual sobre las vacunas, medicamentos y tratamientos para la pandemia.
La primera parte de la jornada se transmitió en directo por el canal de Youtube de la Cámara baja provincial y tendrá su cierre el próximo miércoles 16 de junio, a las 18. El debate tiene como objetivo la divulgación científica y a la concientización ciudadana sobre las raíces sociopolíticas que impiden que las vacunas como bien público y el derecho universal a la salud estén garantizados, un tema que, según Balagué, “requiere un abordaje interdisciplinario”.
Además, Balagué destacó que “miles de científicos trabajaron colaborativamente para que hoy en el mundo se puedan desarrollar vacunas seguras y eficaces, pero cuando llegó el momento de la producción y distribución no primaron estos valores, sino los acuerdos comerciales, secretos, bilaterales, monopólicos, que llevaron a que más del 70 por ciento de las vacunas las concentren los países ricos, y millones de dosis estén allí inmovilizadas, incluso algunas a punto de su vencimiento”. La diputada socialista agregó que “mientras esto sucede, el virus sigue mutando, y ante las nuevas cepas las vacunas probablemente pierdan eficacia”.
En su intervención, María Julia Bertomeu, doctora en Filosofía e investigadora de Conicet, planteó que “la escandalosa desigualdad que mostró la pandemia se hubiera evitado si los gobiernos de los países más ricos hubieran optado por la investigación colaborativa de código abierto y no por el monopolio de patentes”.
La investigadora valoró que si la vacuna hubiera sido considerada un bien de salud público mundial hubiera tenido consecuencias revolucionarias, porque podría desconocer el derecho de propiedad intelectual y priorizar el derecho a la salud. En cambio, mientras “el norte festeja la pospandemia, la parte pobre del planeta se asfixia literalmente”, señaló.
Por su parte, Marcela Belardo, doctora en Sociología, definió el contexto: Los países periféricos estamos viviendo “un literal apartheid de vacunas”, en una carrera mundial por poder de mercado comercial que se disputan los países ricos.
Para la especialista, se trata de un escenario muy complejo donde las grandes farmacéuticas y los Estados más ricos, utilizando la vacuna como arma diplomática, evidencian juegos de bloqueo de insumos y materias primas para la producción, aprobación o no de una vacuna en favor de intereses nacionales o de expansión mercantil hacia otros territorios y naciones. Por eso, instó a fortalecer las capacidades nacionales, y a aumentar la capacidad productiva de laboratorios públicos integrados en la región.