Fue en Bernheim al 8900, en la zona noroeste, en el marco de un allanamiento instruido por Fiscalía para reimplantar el cese de la actividad e investigar su relación con un siniestro denunciado.
La Municipalidad de Rosario, a través de la Secretaría de Control y Convivencia, decretó la clausura sobre una planta de reciclaje de plásticos ubicada en Bernheim al 8900, en el distrito Noroeste, donde reconvertían bidones que habían contenido agroquímicos.
La acción se concretó de manera conjunta con la policía, en el marco de un allanamiento dispuesto por el fiscal Pablo Socca, quien además investiga si el comercio está relacionado con la quema de cuatro vehículos de un vecino que los había denunciado unos días atrás.
El fiscal tuvo en cuenta la denuncia penal por violación de clausura que realizara con anterioridad Carolina Labayrú, titular del área de Control municipal.
La primera clausura tuvo lugar el 28 de enero de este año, a partir de un trabajo de investigación llevado adelante por la Dirección de Inspección de Industrias, Comercios y Servicios, dependiente de la Secretaría de Control y Convivencia. A pesar de no haber denuncias, se hizo lugar a la preocupación de vecinas y vecinos y se decidió actuar de oficio de manera inmediata.
Esto permitió comprobar que las sospechas eran ciertas, ya que la planta de reciclaje utilizaba exclusivamente como materia prima bidones plásticos que habían contenido agroquímicos, de los que se presume que el glifosato podría ser uno. Está comprobado que estos elementos guardan su toxicidad y representan un verdadero riesgo tanto en su almacenamiento como en su manipulación. Además, carecía de habilitación municipal y de cualquier tipo de permiso para la manipulación de elementos peligrosos.
Durante la misma jornada se comprobó que el lugar seguía funcionando a pesar de haberse establecido la clausura y se labró una nueva acta administrativa por violación de clausura.
El 9 de febrero pasado, los inspectores municipales una vez más registran actividad comercial por lo que vuelven a clausurarlo y, ante la reiterada desobediencia, la secretaria de Control y Convivencia decidió darle participación a la justicia denunciando penalmente a los titulares del inmueble.
Este hecho, sumado a la aparición de cuatro automotores incinerados en las adyacencias, que la Justicia sospecha se trata de un acto de represalia ya que pertenecen a un denunciante de la planta, motivó al fiscal Socca a enviar una orden de allanamiento. Además de la participación policial en la investigación de los coches quemados, la medida habilitaba a los agentes de control a ingresar nuevamente al lugar para reimplantar la clausura, tal como sucedió en horas de la mañana del último viernes.
Al respecto, Labayrú manifestó: “Decidimos actuar de inmediato por el riesgo que este tipo de circunstancias representa para el vecino. Entendemos que ese es nuestro compromiso. Estamos muy conformes con la celeridad de la Fiscalía y el trabajo conjunto que hizo que esto tenga una resolución. Ya derivaremos a las áreas ambientales de la Municipalidad, las que deberán participar a la Provincia para que se realicen los controles ambientales y puedan llevar adelante la destrucción indicada”.