Desde la asunción del actual gobierno, Aerolíneas Argentinas –una empresa del Estado nacional– viene sufriendo las consecuencias de una intensa conflictividad laboral. Esto degrada el funcionamiento de la empresa y se traduce en demoras y cancelaciones de vuelos. Dado que Aerolíneas Argentinas opera la mayoría de los vuelos de cabotaje la principal consecuencia son muchas molestias y pérdidas económicas de los usuarios domésticos.
Ahora se sumó a la conflictividad Intercargo. Una empresa –también del Estado nacional– que tiene la responsabilidad de los servicios en tierra a los vuelos. Se encarga del señalamiento para el avión en la plataforma, de las rampas y colectivos para que los pasajeros salgan o entren al avión, de los equipajes y de la limpieza interna del avión. Si bien son actividades de baja complejidad, sin ellas, los aviones no pueden operar. La empresa actúa de manera monopólica en prácticamente todos los aeropuertos del país.
Una referencia pertinente es comparar la conflictividad laboral en el Estado con la que se registra en las empresas del sector privado. Según la Secretaría de Trabajo de la Nación, para el periodo que va entre el 2006 y el 2024, se observa que:
- El promedio de asalariados registrados en Argentina es de 9,4 millones de personas.
- El 34% son empleados públicos en el Estado nacional, provincial y municipal.
- Los empleados públicos participaron en el 62% de los conflictos laborales con paro registrados entre el 2006 y el 2024.
Estos datos muestran que la intensidad de la conflictividad laboral es mucho más alta en el Estado que en el sector privado. El fenómeno no se justifica en que las condiciones laborales en el sector privado sean mejores que en el sector público. En general, en el Estado hay menos exigencias de jornada, presentismo y resultados que en el sector privado y las remuneraciones son similares. Por lo tanto, que un tercio de los empleados registrados sean empleados públicos, pero dos tercios de los paros sean causados por ellos, sugiere que en el Estado hay condiciones más propicias para los paros.
El principal factor que distorsiona las relaciones laborales es la característica de la actividad en el Estado. En el sector público la restricción presupuestaria es laxa y la amenaza de ser desplazado por la competencia baja. Ambos factores generan las condiciones propicias para la conflictividad. Si el acceso a fondos públicos no fuera tan flexible y las condiciones monopólicas no estuviesen tan disponibles, la actividad sindical no podría ser tan confrontativa. Primaría una conducta sindical mucho más racional y cuidadosa con el bienestar del usuario dado la amenaza de desaparición por falta de competitividad.
La privatización no es la solución mágica al abuso del derecho de huelga. Para que las relaciones laborales se encaucen de manera constructiva es fundamental que la privatización vaya junto con una competencia bien regulada y señales contundentes de que el Estado no se hará cargo de los déficits que generen las concesiones a los sindicatos. De aquí la importancia de tener un Estado ordenado en sus tres niveles de gobierno. Porque las responsabilidades por la buena regulación del mercado son funciones concurrentes dela Nación, las provincias y los municipios.
No hay que caer en el lugar común de asignarles toda la responsabilidad por el mal uso del derecho de huelga a los sindicalistas. En general, los excesos en el ámbito del Estado tienen como aliados la desidia o la complicidad del funcionario responsable por la gestión de la organización. Cuando no hay restricción presupuestaria y/o se goza de un monopolio, las presiones de los conflictos sindicales terminan beneficiando con prebendas (mayores remuneraciones o empleo público espurio a favor de familiares y amigos) a todos los miembros de la organización: sindicalistas, trabajadores y funcionarios responsables de la gestión. Por eso, más importante y complejo que la privatización, es generar competencia bien regulada y rigurosidad presupuestaria para ponerle disciplina a la actividad sindical.
Fuente: IDESA.org