Un grupo de parlamentarios opositores impulsan en Chile un proyecto de ley para que los estudiantes secundarios, que iniciaron las protestas en octubre de 2019 que desencadenaron en el actual proceso constituyente, sean parte del debate que marcará la historia contemporánea del país para cambiar la actual Constitución, creada durante la dictadura cívico militar de Augusto Pinochet.
Para sumar a los estudiantes en el debate constituyente, un grupo de diputados opositores presentaron un proyecto de ley que, de ser aprobado, obligaría a más de 11.000 escuelas en todo Chile a replicar en sus aulas el proceso constituyente antes de que se instale la convención, para que puedan aportar ideas y propuestas.
La iniciativa tiene nueve objetivos en concreto, entre ellos, está el “fomentar en los estudiantes el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, respetuosa, abierta y creativa”.
Busca además el “compromiso de los estudiantes con los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de la República” con especial énfasis en “los derechos del niños”.
La diputada Camila Rojas, del partido izquierdista “Comunes”, exdirigente estudiantil y principal promotora del proyecto, explicó en conferencia de prensa en la sede del Congreso que la iniciativa nació porque el proceso constituyente “fue posibilitado por la movilización de los y las estudiantes secundarios”.
La diputadas Rojas explicó esta semana que el proyecto de ley busca que los niños, niñas y adolescentes “no queden ausentes de este importante proceso que vivirá” todo el país.
El texto obligaría al Ministerio de Educación a poner “a disposición del sistema escolar, orientaciones, instructivos, lineamientos concretos y recursos educativos que tengan como fin fomentar la participación, reflexión, debate e información sobre el proceso constituyente en curso”.
Además, propone “la realización de talleres y actividades extracurriculares, en los que haya una integración y retroalimentación de la comunidad educativa”.
El próximo 11 de abril, los chilenos deberán elegir a los 155 convencionales constituyentes que tendrán entre 9 a 12 meses para debatir y redactar una nueva Carta Magna, que deberá ser sometida a un plebiscito de salida, programado para 2022.
Fuente: Télam