Se aprobó en el Concejo Municipal de Rosario. La iniciativa fue impulsada por el bloque Cambiemos.
El Concejo Municipal de Rosario aprobó este jueves la creación de un Programa de Asesoramiento y Asistencia de Víctimas de Usurpaciones.
Surgió a raíz de la escalada de casos en la ciudad, más de 100 sólo el año pasado, “enmarcados en maniobras ilegales adjudicadas a bandas organizadas que operan en los distintos barrios” según marcan fuerntes de poder legislativo de la ciudad.
La iniciativa fue impulsada por el vicepresidente primero del cuerpo y titular del bloque Cambiemos, Roy López Molina, y por los ediles Agapito Blanco y Renata Ghilotti, con el objetivo de fortalecer la contención y poner un límite al avance de las mafias.
Víctimas de usurpaciones
“Una de las tantas muestras del accionar de bandas vinculadas al narcotráfico o narcomenudeo es la ocupación ilícita de inmuebles de propiedad de terceros mediante amenazas y coacciones para utilizarlos después como puntos de acopio, fabricación, venta de estupefacientes y dominio territorial”, explicó López Molina.
El edil puso énfasis en la violencia explícita que padecen las víctimas antes de ser despojadas de sus bienes. “La mayoría de las usurpaciones termina prosperando luego de balaceras en las puertas de las casas”, graficó.
El titular del bloque Cambiemos remarcó que “si bien la cuestión referente a la seguridad de la propiedad privada es competencia eminentemente provincial, el municipio no puede estar ajeno a dicha problemática y debe brindar las herramientas a los vecinos afectados para mitigar los efectos desfavorables del accionar delictivo en cuestión”.
¿Cómo funcionará el programa?
Según expresan la idea del Programa es centralizar la problemática y las soluciones. Una parte de ello es la asistencia estatal a favor de la víctima durante el transcurso de las instancias de recupero de la vivienda, sea socio-económica, habitacional, alimentaria, sanitaria o de resguardo de su seguridad, buscando protección preventiva, concomitante y posterior al hecho.
El avance implica que el Concejo Municipal faculta al Departamento Ejecutivo a celebrar convenios con el Ministerio Público de la Acusación, universidades de la ciudad, el Colegio de Abogados y otras organizaciones de la sociedad civil.