El programa Acompañar, destinado a mujeres y población LGBTIQ+ en situación de violencia que oficializó el Gobierno, no exigirá denuncia judicial, se instrumentará a través de unidades ejecutoras que funcionarán en provincias y municipios, serán dos organismos nacionales los encargados de dar el alta para que las personas reciban un salario mínimo y acompañamiento integral, y tendrá una coordinadora del proyecto.
Los detalles lo brindó a Télam Josefina Kelly Neila, secretaria de Políticas contra la Violencia por razones de Género en el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD), luego de que se publicara en el Boletín Oficial del decreto que institucionalizó el programa.
“Esto es histórico“, dijo la funcionaria, “porque es la primera vez que se aplica un programa que incorpora una transferencia económica y un acompañamiento para el abordaje integral” de las personas en situación de violencia de género, que además “no exige denuncia policial“.
Asimismo, confirmó que la coordinación de Acompañar estará a cargo de la abogada y docente feminista Claudia Perugino, de amplia trayectoria en la militancia política, de derechos humanos, acompañando a familiares de víctimas de femicidios y a niñas y niños abusados.
La profesional, que viene trabajando en distintas áreas nacionales vinculadas a la violencia de género como el programa Las Víctimas contra las Violencias, coordinado por Eva Giberti, es abogada del programa institucional contra la violencia de género de la Universidad Nacional de Quilmes, donde es docente en el diplomado de abordaje a las violencias.
Acompañar otorgará una ayuda económica equivalente a un salario mínimo, es decir que será de 16.875 pesos, durante un plazo de seis meses. Para “gastos esenciales” de personas en situación de violencia extrema y de riesgo, según el texto del decreto.
A la par “habrá un acompañamiento integral para que esas personas puedan armar sus proyectos de vida autónomos, libres de violencia“, destacó Kelly Neila.
La implementación se efectivizará “cuando comencemos a firmar convenios con las provincias y municipios, donde se crearán unidades ejecutoras del programa“, detalló.
Esos equipos gubernamentales locales informarán al MMGyD, “donde cargaremos el informe socioambiental en un sistema informático que desarrollamos, para dar de alta en el programa, ya que no se requiere denuncia previa, luego remitimos esa información a Anses” que será el organismo encargado de pagar el ingreso, explicó. “Es decir que el circuito será ágil“, valoró.
El apoyo económico estatal es compatible con la Asignación Universal por Hijo (AUH), con la asignación familiar por embarazo para protección social (AUE), con la destinada a personas con hijas e hijos con discapacidad, a quienes tienen monotributo social, son trabajadoras de casas particulares y cobran el Ingreso Familiar de Emergencia.
No podrán acceder al programa las personas que trabajan en relación de dependencia, que son monotributistas o autónomas, jubiladas, pensionadas, que cobren prestación por desempleo o reciban otra asistencia estatal por situación de violencia.
Télam