Se trata de un proyecto presentado por el legislador del Frente de Todos (FdT) Roberto Mirabella y que es respaldado por los diputados santafesinos del oficialismo y de la oposición.
En medio de la escalada de violencia e inseguridad en la ciudad de Rosario, la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados emitió dictamen del proyecto que apunta a fortalecer la justicia penal de la provincia de Santa Fe. Esto será para contar con mejores herramientas para combatir el crimen organizado y el narcotráfico.
La iniciativa, que ya obtuvo dictamen semanas atrás en un plenario de las comisiones de Justicia y Legislación Penal, quedó de esta manera en condiciones de ser debatida en la próxima sesión de la Cámara de Diputados, que el Frente de Todos buscará realizar el próximo martes.
Se trata de un proyecto presentado por el legislador del Frente de Todos (FdT) Roberto Mirabella y que es respaldado por los diputados santafesinos del oficialismo y de la oposición.
La iniciativa busca crear 27 fiscalías federales, 15 de ellas en Rosario; nueve defensorías y seis juzgados federales, así como seis cargos de juez penal federal con funciones de revisión, 50 cargos en total, con el fin de poder avanzar con mayor rapidez con las causas penales.
En el marco de la reunión se produjo un fuerte cruce entre el legislador del FDT, Marcos Cleri, quien acusó a la oposición de “trabar todo” y responsabilizó a Juntos por el Cambio y al Socialismo por la situación que atraviesa Rosario. Por su parte, el socialista Enrique Estévez rechazó esas afirmaciones y reclamó al Senado que designe los integrantes de la comisión Bicameral de Monitoreo e implementación del Código Procesal Penal Federal.
“Esta situación es responsabilidad de quiénes gobernaron los últimos 40 años la provincia donde avanzó el crimen organizado por políticas de ajuste y neoliberalismo. Lo que estamos padeciendo en Rosario tiene que ver con políticas de planificación. Yo vivo en Rosario. Nosotros tenemos un verdadero compromiso”, aseguró Cleri, al rechazar cuestionamientos de legisladores de la oposición.
El debate se desarrolló tras la publicación la semana pasada del informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, en el que se informa el impacto económico que tendrá la aplicación de esa iniciativa, como realiza ese organismo parlamentario cuando se requiere un estudio sobre la influencia económica de un proyecto.
De acuerdo con la Oficina de Presupuesto “el impacto fiscal de la propuesta legislativa es de $1.106 millones anuales, aproximadamente”.
Según el organismo, las erogaciones en personal se estiman en “$1.564 millones, parcialmente compensadas por el ingreso de aportes y contribuciones a la Seguridad Social y el pago de Impuesto a las Ganancias que quedan en la Administración Nacional“.
En tanto, debe conformarse la Comisión bicameral de Implementación del Código Procesal Penal Federal, que aún debe nombrar a los senadores que la integrarán, ya que los diputados fueron designados.
Uno de los puntos esenciales del proyecto plantea que “quienes sean titulares de las Fiscalías Federales ante los Juzgados, Cámaras y tribunales orales de la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, podrán desempeñarse simultáneamente ante los jueces con función de garantía, revisión, de juicio y ejecución del Distrito fiscal correspondiente a su asiento”.