La educación básica en Argentina es de mala calidad y muy desigual entre las provincias. Para revertir la decadencia, es necesario –como hace Canadá– respetar la organización federal. Esto es que los recursos educativos estén íntegramente en las provincias y también las responsabilidades por los resultados.
Una preocupación compartida es el profundo deterioro que sufre la educación. Los resultados de las últimas pruebas APRENDER, que ejecuta el Ministerio de Educación nacional, muestran que la mitad de los niños terminan la primaria sin saber leer, escribir, sumar y restar como corresponde. Son niños que entran a la secundaria con severas debilidades de aprendizaje y que se traducen en altas tasas de deserción en la secundaria. Apenas el 40% de los adolescentes termina la secundaria en tiempo y forma. Además, se observan enormes desigualdades entre las provincias.
Por imperio del artículo 5° de la Constitución Nacional, la educación básica es responsabilidad de las provincias. Por ello, las escuelas son de las provincias y los docentes son empleados públicos provinciales. Sin perjuicio de ello, el Ministerio de Educación nacional administra 10 programas nacionales con el objetivo de colaborar con las provincias y nivelar resultados. Con estos programas la Nación paga una ínfima parte de los salarios docentes y transfiere fondos discrecionalmente para construcciones e insumos.
Para entender el fracaso educativo argentino sirve mirar a Canadá, un país federal –como Argentina– con uno de los mejores resultados en educación del mundo. Según la prueba internacional PISA del 2018 se observa que:
- En Canadá el 16% de los jóvenes no tiene habilidades básicas en matemáticas, mientras que en Argentina el 69% no llega a este nivel.
- Dentro de Canadá la provincia con mejores resultados (Quebec) tiene el 12% de los jóvenes en esta situación y la provincia con peor resultado (Manitoba) tiene el 25%.
- En la Argentina la jurisdicción con mejores resultados (CABA) tiene el 43% de los jóvenes en esta situación y entre las peores (Tucumán) tiene el 76%.
Estos datos muestran que Canadá no solo tiene mucho mejores niveles de educación que Argentina sino que también tiene menor desigualdad entre provincias. Definitivamente estudiar en Quebec no es lo mismo que estudiar en Manitoba, pero las brechas de oportunidades son sustancialmente más bajas que las que se observan entre CABA y Tucumán. En Canadá, la brecha educativa entre la peor y mejor provincia es de 13 puntos porcentuales, mientras que en la Argentina es de 33 puntos porcentuales.
Muchos motivos explican las diferencias entre Argentina y Canadá. Uno muy importante es la organización del Estado. En Canadá, respetando la lógica del régimen federal, no hay Ministerio de Educación nacional y todos los fondos asignados a educación básica son administrados por las provincias. Los gobernadores son los responsables de administrarlos y rendir cuentas a la población por los resultados. En la Argentina, en cambio, la Nación se apropia de una parte de los recursos para sostener un aparato administrativo que interfiere en la gestión de las escuelas (los 10 programas nacionales). Así, la gestión educativa se hace más compleja e ineficiente y, lo más importante, se diluyen responsabilidades. Esto lleva a peores resultados y a que las diferencias entre provincias sean mayores.
Revertir la degradación educativa es una responsabilidad exclusiva de cada provincia. En un régimen federal, la Nación no tiene ninguna posibilidad de mejorar la calidad ni reducir las brechas entre provincias. Son los gobernadores los que tienen que hacerlo. Por eso, el primer paso es dejar claro que –salvo que se abandone el régimen federal modificando la Constitución Nacional– el Estado nacional no cuenta con instrumentos para suplir la responsabilidad de las provincias. Si un gobernador no es presionado por sus propios ciudadanos a que se ocupe por dar buena educación, el Estado nacional, por más esfuerzos que haga, no podrá revertir esta indeseada situación.
Asumiendo esta realidad, el rol estratégico de la Nación es producir y difundir información sobre los resultados educativos de cada provincia para empoderar a los ciudadanos a fin de que ejerzan presión sobre sus gobiernos provinciales. En otras palabras, lo mejor que puede hacer el Estado nacional en favor de la educación es fortalecer el control social para que los funcionarios provinciales le den prioridad a la gestión educativa. Para esto, hay que reconvertir el Ministerio de Educación nacional en una agencia nacional de medición de resultados educativos de las provincias.
Fuente: IDESA.org