Los desarrolladores y constructores manifestaron su disconformidad por la decisión del presidente Alberto Fernández de no autorizar el permiso para que las obras en construcción privadas se reanuden.
Desde el sector insisten en que la decisión no solo pone en peligro la continuidad de las obras sino también la preservación de los empleos ya que se estima que la construcción privada da trabajo a unos 200.000 obreros de un universo de 350.000, según los datos de la Cámara Argentina de la Construcción.
También, las empresas constructoras afirman que no les permiten utilizar el fondo de desempleo que cada empleado tiene depositado a su nombre y que permite cubrir un mes y medio de cada salario.
El fondo de desempleo se conforma a partir del aporte de la constructora sobre la remuneración mensual y el personal lo puede cobrar en caso de renuncia o despido.
Pero en esta situación de emergencia económica puntual, se plantean diferentes interpretaciones legales y no está claro si prevalece el decreto o la ley de contrato de trabajo para el sector, razón por la que no lo pueden utilizar.
“Activar la obra privada es tan importante como la pública, la diferencia es cómo se financia, pero a los efectos del coronavirus la situación es la misma ya que hay personas trabajando en una obra en construcción”, agrega Damián Tabakman, presidente de la Cámara de Desarrolladores Urbanos, CEDU,
Ademas, la CEDU junto a la Asociación de Empresarios para la Vivienda, AEV, está trabajando en propuestas para la subsistencia del sector que planean presentarle al Gobierno.