El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó este pasado viernes la cuarta revisión del acuerdo ampliado con la Argentina y autorizó el desembolso de US$5.400 millones.
En este marco, el organismo de crédito multilateral dio a conocer oficialmente el aval a los resultados presentados por el Ministerio de Economía en base a las metas planteadas en la renegociación de la deuda y determinó que “es posible que se requiera un endurecimiento adicional de la política macroeconómica y cambiaria para salvaguardar la estabilidad”.
“La implementación oportuna de medidas de alta calidad, particularmente mejorando la focalización de los subsidios a la energía y la asistencia social, ayudará a compensar los impuestos a la exportación más bajos debido a la sequía, proteger la infraestructura prioritaria y el gasto social, y asegurar los objetivos fiscales”, enfatizaron desde el organismo que conduce Kristalina Georgieva.
Al concluir la revisión, el Directorio Ejecutivo consideró que se cumplieron todos los criterios cuantitativos de desempeño hasta fines de diciembre de 2022 con cierto margen.
“Políticas macroeconómicas más prudentes en la segunda mitad del año pasado respaldaron una moderación de la inflación y mejoras en los saldos fiscal y externo, lo que ayudó a asegurar las metas del programa. Sin embargo, la situación económica se volvió más desafiante desde principios del 2023″, explicaron desde el Fondo.
En rigor, como consecuencia de la magnitud del shock climático, se justificaron algunos ajustes a la baja en los objetivos de acumulación de reservas. En este escenario, el organismo solicitó “alcanzar el objetivo de déficit fiscal primario del 1,9% del PIB en 2023 para respaldar la desinflación, aliviar las presiones financieras y fortalecer la sostenibilidad de la deuda”.
Las advertencias del FMI tras la aprobación de la revisión
Para el organismo, la focalización de los subsidios a la energía y la asistencia social, ayudarán a compensar los impuestos a la exportación más bajos debido a la sequía, proteger la infraestructura prioritaria y el gasto social. En este sentido, los principales lineamientos fueron:
- Garantizar que las tarifas de energía para usuarios residenciales y comerciales de altos ingresos avancen para alinearse completamente con los costos, incluyendo para reducir la regresividad del sistema.
- Mitigar el costo fiscal de la nueva moratoria de pensiones a través de regulaciones estrictas para apuntar la entrada solo a aquellos con mayor necesidad.
- Las tasas de interés reales deberían permanecer lo suficientemente positivas para hacer frente al la alta inflación y respaldar la demanda de activos en pesos. Es posible que se justifiquen aumentos adicionales de las tasas en caso de que se produzcan nuevos shocks inflacionarios o se intensifiquen las presiones cambiarias.
- Evitar las intervenciones en el mercado cambiario paralelo utilizando reservas o instrumentos de deuda externa a corto plazo. A medida que las condiciones lo permitan y se aborden los desequilibrios, las medidas de gestión de flujos de capital, las prácticas de moneda múltiple y las restricciones cambiarias también deberían eliminarse.
- En el frente de la financiación doméstica, se necesitarán esfuerzos prudentes para mitigar los riesgos de refinanciación a corto plazo y movilizar la financiación neta, limitando al mismo tiempo la acumulación de vulnerabilidades y protegiendo la sostenibilidad de la deuda.