Estados Unidos dijo que el Gobierno de Nayib Bukele en El Salvador tiene la “responsabilidad” de garantizar la seguridad de la población, además de respetar los derechos humanos y el debido proceso.
Así se expresó un portavoz del Departamento de Estado al ser cuestionado por EFE sobre la polémica prisión salvadoreña a la que fueron trasladados 2.000 supuestos pandilleros.
Las imágenes de los presos, sin camiseta, con los tatuajes característicos de las pandillas, esposados, agachados y amontonados, han recorrido todo el mundo en los últimos días, con muchos detractores por la falta de humanidad en el trato.
“Reconocemos el desafío que enfrenta El Salvador para frenar la violencia de las pandillas”, dijo el portavoz de la diplomacia estadounidense.
“Garantizar la seguridad pública es responsabilidad de los Gobiernos -añadió-. También tienen la responsabilidad de garantizar el debido proceso legal y de respetar los derechos humanos”.
De acuerdo con las cifras oficiales, bajo el régimen de excepción, aprobado hace un año tras una escalada de asesinatos, se ha detenido a más de 64.000 personas, a las que el Gobierno salvadoreño acusa de ser pandilleros y de las que se han liberado a más de 3.300.
Las organizaciones humanitarias salvadoreñas y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) han recibido más de 7.900 denuncias de atropellos, la mayoría por detenciones arbitrarias.
Las autoridades atribuyen a esta medida y al Plan Control Territorial la caída de los homicidios, que según las cuentas oficiales fueron 496 en 2022, un 57 % menos que en 2021.