El Gobierno presentó su Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2020-2023 con la que busca que el acceso y uso sostenido de servicios de crédito y modos de pago electrónico sea una política de estado, de modo de reducir las brechas sociales, territoriales y de género en los próximos años.
En ese sentido, el acercar nuevos productos y servicios financieros a la población, una activa política de educación y la promoción para la interoperabilidad entre el sistema financiero tradicional y las nuevas plataformas de pago, fomentando la inclusión de los sectores más vulnerables, serán los ejes de la ENIF.
“Nuestra meta es que no sólo la población pueda acceder a servicios financieros, sino que tengan una mayor profundidad en su uso y que, así, puedan reducirse las brechas sociales, territoriales y de género que existen en la sociedad“, detalló Diego Bastourre, secretario de Finanzas y presidente del Consejo de Coordinación de la Inclusión Financiera (CCIF), encargado de llevar adelante la ENIF.
El Consejo es un órgano interministerial, creado en el ámbito del Ministerio de Economía, con el objetivo de elaborar e implementar la ENIF e integrado por representantes de 14 dependencias del Estado Nacional, además de contar con la participación externa de más de 20 bancos, universidades e instituciones del sector privado.
“Este año se han hecho avancen muy grandes. Se abrieron 4,8 millones de cuentas bancarias y aumentaron 40% en los puntos de acceso al efectivo. Creemos que esto es una base para progresar y llegar a sectores aún marginados de los servicios financieros“, añadió Bastourre, durante una presentación en el Ministerio de Economía, acompañado por Mercedes D’Alessandro, directora nacional de Economía, Igualdad y Género; y Mariano Sardi, subsecretario de Servicios Financieros.
POLÍTICAS DE INCLUSIÓN
Al respecto, una de las líneas de trabajo del Consejo que tendrá mayor peso en el trabajo es el acercamiento de productos y servicios financieros bancarios a sectores de bajos recursos, adultos mayores, jóvenes, y género.
“El mayor problema para la inclusión financiera no es la oferta de servicios financieros, sino la demanda, en particular de sectores que no tienen acceso a la información, a la educación o a la posibilidad material de tener contacto con ellos. Es sobre esos sectores donde más queremos trabajar“, detalló Bastourre.
Para acompañar esta política se trabajará en el fomento del crédito a sectores vulnerables, en articulación con instituciones como el Fondo de Capital Social (Foncap) y la Comisión Nacional de Microcrédito (Conami).
Este año, la Argentina avanzó a la cuarta posición entre las 55 economías emergentes evaluadas en el ranking global de Inclusión Financiera del Microscopio Global 2020 elaborado por The Economist Intelligence Unit (EIU), mejorando en relación a 2019, cuando ocupaba el séptimo lugar.
El principal aporte a la mejora en el ranking se produjo en materia de apoyo gubernamental y de políticas a la inclusión financiera, en especial, en materia de coordinación entre agencias estatales.
Télam