El Gobierno Nacional le pidió a la Corte Suprema de Justicia que se suspenda los efectos del fallo que dictó el pasado miércoles con el que se ordenó un aumento de la coparticipación en favor de la Ciudad de Buenos Aires, elevándola al 2,95 por ciento.
Fue a través de dos presentaciones. Estas llevan la firma del Procurador del Tesoro, Carlos Zannini. Además, solicitaron una revocatoria para que se deje sin efecto la medida cautelar que fue dictada el pasado 21 de diciembre.
“A través del fallo aquí cuestionado la Corte Suprema ha sustituido a los otros Poderes del Gobierno Federal, adoptando una decisión de mérito que excede sus competencias constitucionales”, manifiesta el comunicado. “Afecta los intereses generales de la Nación en su conjunto, privando al Estado Nacional de recursos necesarios”, aclararon.
El escrito de Zannini advirtió que “la discusión debía centrarse, estrictamente, sobre la cuantía de los recursos (montos, no porcentual de coparticipación) a transferir por el Tesoro de la Nación para cumplir con la compensación (…) de modo de cubrir el costo de los servicios de seguridad no federales traspasados desde la Nación a la Ciudad”.
Pero, alertó, “de los términos de la sentencia surge que ese Alto Tribunal ya ha juzgado, anticipadamente sobre distintos aspectos que hacen al fondo de la disputa” y entonces “ya ha fijado el criterio de que a la CABA le correspondería un porcentaje de la masa coparticipable por los servicios transferidos”.
Las presentaciones formalizadas este martes habían sido anunciadas el lunes por el presidente Fernández a través de Twitter, donde escribió: “Ante una decisión cautelar que viola la división de poderes y carece de fundamentación suficiente, como Presidente de la Nación he dispuesto el único remedio posible y razonable en estas circunstancias, hasta que se resuelva la cuestión de fondo o el Congreso dicte una ley”.
En ese marco, reveló la decisión del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) de transferir bonos TX31 a la Ciudad de Buenos Aires, a la vez que adelantó que había instruido “al Procurador del Tesoro para presentar un recurso de revocatoria “in extremis” contra la decisión judicial tomada, a fin de que se revise la medida cautelar dispuesta”.