La pelea entre el Gobierno y Clarín, y ahora también Diario La Nación, sumó este martes un nuevo capítulo, en este caso por Papel Prensa. La semana pasada, la administración de Cristina Fernández de Kirchner anunció el cese de actividades de Fibertel, indicando que los usuarios de esa empresa deberán pasarse a otro proveedor en un plazo de 90 días.
Ahora, la pelea entre los principales medios gráficos y el Gobierno sumó otro capítulo con un discurso en Cadena Nacional, que tuvo una duración de 71 minutos, en el que la propia Presidente anunció que presentará una denuncia judicial por apropiación ilegal de acciones de Papel Prensa SA.
La posición del Gobierno
La presidenta Cristina Fernández presentó este martes el informe sobre la actuación administrativa establecida en la resolución 126 de la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Economía de la Nación de fecha 31 de marzo de 2010, documentando los hechos ocurridos en torno a la transferencia accionaria a favor de Sociedad Anónima de La Nación, Arte Gráfico Editorial Argentino Grupo Clarín y La Razón Sociedad Anónima, del capital social de Papel Prensa Sociedad Anónima. Además anunció que el Gobierno presentará una denuncia judicial por la apropiación ilegal realizada por los socios privados de la compañía, y que remitirá al Congreso de la Nación proyectos de ley para declarar de interés público la producción de celulosa y papel, su distribución y comercialización.
El informe revela graves irregularidades cometidas durante el gobierno militar por las cuales se realizó la transacción, como así también cuestiona la administración de la empresa por parte de los actuales socios privados, al tiempo que refuta terminantemente las versiones sobre la historia de la empresa Papel Prensa Sociedad Anónima que publicaron los diarios Clarín y La Nación en sus ediciones de 27 de marzo y 4 de abril del corriente año.
Contiene además constancias documentales, expedientes administrativos, papeles comerciales, constancias de causas judiciales, registros de archivos y actuaciones de la dictadura consistentes en actas de las Juntas de Comandantes y de la Comisión Nacional de Responsabilidad Patrimonial, que insumen más de 26 mil fojas.
El documento será remitido a los organismos correspondientes para la prosecución de trámites administrativos y judiciales a los que dé lugar, dado que contiene probanzas irrefutables de la apropiación ilegal de la empresa por parte de los actuales sectores controlantes del sector privado de la firma.
El informe da cuenta de que en el año 1977 se cometieron una variedad de delitos de lesa humanidad contra el denominado Grupo Graiver, cuya cabeza fuera el empresario David Graiver, fallecido en una en una catástrofe aérea el 7 de agosto de 1976. Y presenta tres ejes que tipifican el desempeño desleal de los accionistas del sector privado en Papel Prensa Sociedad Anónima:
– La apropiación de las acciones de clase A, decisivas para acceder al control de la empresa, por parte de los actuales socios privados de la empresa, con la utilización de instrumentos del terrorismo de Estado tales como amenazas, secuestros, desaparición forzosa de personas, tortura y privación ilegal de la libertad.
– La obtención de ventajas competitivas por parte de los socios privados de la empresa en detrimento de numerosos diarios de todo el país que pudieran constituir una competencia para sus empresas.
– La puesta en marcha de un "pacto de sindicalización" por el cual los socios privados acordaron acciones en beneficio de sus propias empresas y en detrimento de la propia compañía Papel Prensa Sociedad Anónima, violando la normativa vigente.
La Jefa de Estado remarcó que el informe se encargó debido a la sistemática negativa de los socios privados de Papel Prensa Sociedad Anónima de otorgar información, lo que llevó también a designar un administrador judicial que participa de las reuniones de directorio de la compañía para "llegar a la documentación".
Señaló que el diario Clarín publicó el pasado domingo una editorial en la que sostiene que "el gobierno avanza en Papel Prensa para controlar la palabra impresa". "Esto demuestra que Clarín cree que quien controla Papel Prensa controla la palabra impresa", observó la Mandataria, y al respecto, expresó: "Papel Prensa es la única empresa que produce en el país pasta celulosa para fabricar papel de diario, lo distribuye y lo comercializa, en lo que se conoce como una empresa monopólica controlada verticalmente".
Por eso, anunció que "enviará un proyecto de ley para declarar de interés público la producción de pasta celulosa y papel de diario, su distribución y comercialización". "Ese proyecto encomendará al Ejecutivo para instruir un marco regulatorio de la actividad", explicó.
La iniciativa dispondrá el "tratamiento igualitario para toda la Argentina y precio, condiciones y calidad de papel, para que no deba importarse papel en la República Argentina".
Además, afirmó que el proyecto de ley "impulsará también la construcción de una Comisión Bicameral de Seguimiento" para que "cada uno de los legisladores, de los partidos políticos, opinen y voten como mejor les parezca" ese Marco Regulatorio.
La posición de Clarín, La Nación y Papel Prensa. Comunicado:
Los accionistas privados de Papel Prensa venimos denunciando desde hace casi un año un plan del gobierno nacional para apoderarse de la compañía y controlar el papel para diarios, insumo esencial de la prensa libre. Controlar el papel es controlar la información, y esto es lo que el Gobierno viene buscando a través de varias herramientas: la propaganda oficial, la ley de medios, el control del acceso a la información, el manejo militante de los medios públicos y la multiplicación de los medios paraoficiales.
En los últimos días, esta intención de avasallar el derecho de la sociedad a la libre elección y expresión se reveló de manera muy clara con la cancelación de la licencia de un proveedor de Internet.
Esta misma matriz autoritaria y de control mediático es la que se viene revelando en Papel Prensa. El Gobierno ha elegido varios mecanismos para cumplir su cometido, y también ha elegido un personero para todos esos frentes, el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, quien ha sido denunciado penalmente por La Nación y Clarín por llevar adelante un plan ilegal para hacerse de la compañía. Tras su incursión con guantes de boxeo en una asamblea, y luego de amedrentar al personal con alocuciones bélicas, el último capítulo de Moreno al frente de su cruzada ha sido pretender arrogarse facultades judiciales y liderar una falaz investigación sobre la historia de la compañía, buscando convertirla en un caso de derechos humanos y de delitos de lesa humanidad, algo que le fue ordenado desde lo alto del poder y que resulta inconcebible hasta en las especulaciones más maquiavélicas. Para esto viene distorsionando con alevosía hechos históricos, manipulando dolosamente personas y situaciones, reclutando aliados de sugestiva plasticidad y reescribiendo la historia, bastardeando así la bandera de los derechos humanos, en lo que constituye una de las prácticas más deleznables del kirchnerismo.
Nunca, en 27 años de democracia, Papel Prensa recibió ningún cuestionamiento administrativo o judicial por su origen. La empresa nació en 1972 de la mano de la Editorial Abril, de César Civita, luego fue adquirida por el grupo Graiver y en 1976, cuando este último atravesaba graves problemas financieros con la quiebra de dos de sus bancos en el exterior, fue ofrecida por sus dueños a Fapel, sociedad constituida por los diarios La Nación, Clarín y La Razón.
Fapel había nacido dos años antes para construir otra fábrica de papel, pero decidió abandonar su proyecto para asegurar la continuidad del de Papel Prensa, empresa que en ese momento se encontraba endeudada y paralizada. La compraventa se llevó a cabo el 2 de noviembre de 1976. Fue una operación absolutamente legal y pública, anunciada en todos los diarios de la época.
La Opinión, de Jacobo Timerman, padre del actual canciller, afirmó que se trataba de una “ventajosa operación” para los Graiver. En ese momento no había salido a la luz la conexión del grupo Graiver con la organización armada Montoneros, vínculo que en marzo y abril de 1977 desencadenó el repudiable secuestro de varios miembros de ese grupo por la dictadura militar.
Los integrantes del grupo Graiver, vendedores de la empresa, fueron ilegalmente detenidos 5 meses después de la venta de Papel Prensa y por imputaciones ajenas a este tema. Al momento de esa operación, los Graiver estaban libres: no habían sido secuestrados ni torturados ni amenazados por la dictadura gobernante. Así surge de las causas en las que declararon en democracia, tanto ante el juez federal Miguel Pons como ante la Cámara Federal, en este caso luego de la condena a las Juntas Militares.
La Justicia no encontró vínculo alguno entre la detención de los Graiver y Papel Prensa. La compra también fue investigada, ya en democracia, por el entonces fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Ricardo Molinas, que no encontró irregularidades. En todos esos procesos declararon los hermanos Lidia y Osvaldo Papaleo y nunca mencionaron presión alguna de los diarios.
Lidia Papaleo también declaró en sede judicial que no participó de las negociaciones, que fueron llevadas a cabo por Juan e Isidoro Graiver, padre y hermano, respectivamente, de David Graiver. Ella sólo firmó en representación de su hija menor y por una parte minoritaria de las acciones que pertenecían a la sucesión de David Graiver. Pero la venta de esas acciones no se concretó porque el juez que debía aprobarla nunca se expidió. Así, pasaron al Estado Nacional junto con otros bienes de los Graiver.
Desde que se reveló el plan del Gobierno para apropiarse de la compañía, los voceros oficiales y sus aliados circunstanciales vienen cambiando su discurso cuantas veces fuera necesario para intentar instalar una mentira que resulte incomprobable o al menos deje sembrada una duda. Siguiendo la máxima de Joseph Goebbels, el padre de la propaganda nazi, “miente, miente, que algo quedará”. Primero dijeron que la empresa se vendió con los Graiver secuestrados; después, que se hizo en un intervalo de su secuestro, y finalmente, bajo presión de los diarios.
Lidia y Osvaldo Papaleo y Rafael Ianover declararon en democracia respecto de los vejámenes que sufrieron durante su secuestro. Jamás denunciaron estos hechos que hoy, sugestivamente, aparecen de la mano de Guillermo Moreno y tras reunirse con el matrimonio Kirchner. El objetivo para la cúpula del poder es obvio: una nueva manera de ir contra la prensa independiente, n este caso a través del control de su insumo básico y del intento de criminalizar a los principales diarios del país.
Papel Prensa fue una empresa perseguida por el entonces almirante Emilio Massera –quien logró intervenirla– y ahora lo es por los Kirchner y por Moreno. La frase de este último “aquí no se vota”, proferida a los gritos en la última asamblea, es una buena metáfora para comprender las semejanzas de quienes buscan o han buscado controlar la información en la Argentina. Es de esperar que la manipulación de los derechos humanos, la mentira lisa y llana y la persecución de raigambre autoritaria encuentren rápidamente un freno decidido en las instituciones de la democracia.