La Organización de las Naciones Unidas, ONU, advirtió recientemente por un tsunami de desalojos a nivel global e instó a los gobiernos a que implementen medidas para evitar que las personas se queden sin hogar en el marco de la pandemia del coronavirus.
“Las prohibiciones temporales de desalojos en muchos países han terminado o están llegando a su fin, y esto genera serias preocupaciones de que pueda seguir un tsunami de desalojos”, señaló a la prensa el relator especial de la ONU sobre el derecho a la vivienda, Balakrishnan Rajagopal.
En este sentido, planteó que los Estados no deben permitir que las personas se queden sin vivienda, ya que en este contexto de pandemia “perder el hogar puede significar perder la vida” y los derechos a la vida y una vivienda adecuada están intrínsecamente vinculados”, resaltó Rajagopal.
En la Argentina, la preocupación se disparó a raíz de que en las últimas semanas se multiplicaron las tomas de tierra en distintos puntos del país, con focos en las provincias de Buenos Aires y Río Negro.
Por otra parte, el presidente Alberto Fernández confirmó recientemente la extensión del decreto 320, firmado en marzo, que prohibe los desalojos por falta de pago y pospuso los aumentos.
“Estamos en medio de una pandemia y hay que entender que todos vamos a perder algo, por eso uno tiene que ser más solidario y más generoso, es decir, poder pensar al otro como persona y poder verse en el otro”, explicó Arminda Pérez Prieto, psicóloga social de la Unión Argentina de Inquilinos, UAI.
El escenario actual reveló el problema del acceso a la vivienda como un desafío histórico y eso puede verse claramente en Argentina, donde, a diferencia de la mayoría de los países de América Latina, no se expresa de forma explícita la función social de la propiedad en la Constitución Nacional.
“Acá está bastante afianzada la idea de que la salud y a la educación son derechos universales, pero no así el derecho a la vivienda”, planteó Felipe Mesel, abogado del área Derecho a la Ciudad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, ACIJ.
A nivel nacional, la Encuesta Permanente de Hogares llevada a cabo en el segundo semestre de 2019 arrojó que 1,5 millones de hogares viven hacinados, mientras que 1,7 millones son hogares inquilinos y 1,6 millones corresponden a hogares informales, villas y asentamientos.
En general, los especialistas celebran tanto la nueva Ley de Alquileres sancionada dos meses atrás, como la extensión del decreto que buscó frenar los desalojos.
No obstante, advierten que es necesario comenzar a supervisar el cumplimiento de este último, ya que se están multiplicando los desalojos informales, al tiempo que los formales se están acumulando en los tribunales de justicia.
En este sentido, Ricardo Botana, Presidente de la UAI, sugiere que el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat implemente en forma conjunta con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos espacios de mediación que puedan resolver las diversas complicaciones que surgen a lo largo del contrato de alquiler para evitar que las parten lleguen a instancias judiciales.
Eduardo Reese, Director del área Derechos económicos sociales y culturales del Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS, piensa que el nuevo programa Procrear es parte de la solución gracias a que alcanza a una gran cantidad de familias.
Aunque señala que está dirigido a personas que tienen trabajo formal y alguna mínima capacidad de ahorro, por lo que también deja afuera a otro grupo de la población más numeroso.