Varias asociaciones, entidades de gestión y actores del sector se reunieron para comenzar a redactar un proyecto de reglamentación que, a priori, recibió el visto bueno del arco político argentino.
Ante la actual crisis que vive la industria audiovisual nacional, varias asociaciones, entidades de gestión y actores del sector se reunieron para comenzar a redactar un proyecto de ley que actualice la norma de 1994 con las plataformas como uno de los objetivos y que, señalaron, recibió el visto bueno de todo el arco político argentino.
“Se han producido cambios que redefinen el panorama del audiovisual. Esto expresa la necesidad de incluir a la aparición de fenómenos nuevos, que ocupan un lugar importante en las producciones. La necesidad es de que sea una ley inclusiva y que integre las diversas modalidades“, dijo a Télam Graciela Maglie, de Argentores, entidad que representa a los guionistas y que participa de la elaboración del texto que se puede ver en espacioaudiovisualnacional.org.
Hace 27 años, el Parlamento sancionó la reforma de la Ley de Cine de la década del 50, la cual fue modelo para varias leyes en otros países y puntal para la explosión que vivió el séptimo arte en los últimos tiempos, con presencia en los principales festivales del mundo, en los Oscar y generando miles de puestos de trabajo.
“La ley del 94 fue excelente para ese momento. Los puntos principales son defender la producción nacional a través de la cuota de pantalla a las plataformas, y que contribuyan a realizar más obras audiovisuales nacionales“, comentó el productor Hernán Findling, representante de la Asociación de Productores Independientes de Medios Audiovisuales (Apima).
La norma vigente creó el Fondo de Fomento que le dio autarquía económica al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), cuyos recursos devienen del 10 por ciento del precio de las entradas de cine y de otro canon que pagan al Enacom los canales de televisión. Un punto a destacar es que, de sancionarse una nueva ley, el usuario no debería pagar ni un centavo más porque el aporte se desprende del IVA.
Sin embargo, la baja en la taquilla, que llegó a su punto más bajo con el cierre de las salas por la pandemia, y de la recaudación, sumieron a la industria audiovisual en una crisis de suma gravedad.
Otro punto importante es la denominada cuota de pantalla, es decir, la cantidad de producción nacional que debe proyectarse y emitirse: “Esto es para que no terminemos sin poder ver nuestras propias imágenes. Hoy las plataformas no están reguladas en lo absoluto, si producen nacional, es porque les conviene en el negocio, pero no tiene regulación“, dijo por su parte Carlos Jaureguialzo, de Directores Argentinos Cinematográficos (DAC).
Hace 15 días, Francia anunció que el 20 por ciento de la facturación de las OTT en territorio galo deberá ser destinado a producciones locales. Este es uno de los objetivos que tiene el anteproyecto, aunque, como aclararon las entidades, el texto está abierto.
“Esto es un punto de partida. Hay distintas miradas -explicó Martín Desalvo, de PCI-. Queremos una masa crítica en el sector que aporte a una ley lo más abierta posible“.
En ese sentido, Findling sostuvo que es necesario que el proyecto llegue al Congreso con el apoyo de todo el sector audiovisual y que por ese motivo se mantienen reuniones con entidades e individuos de todo el país para que el texto se enriquezca y, con consenso, pueda tener el apoyo político necesario.
Más allá del aspecto económico, también se prevén algunos cambios en el funcionamiento del Incaa, que pasaría a llamarse INAA (Instituto Nacional de Artes Audiovisuales), aunque también este punto puede ser debatido.
Télam