Impulso

Las principales entidades que agrupan empresas privadas orientadas a la construcción de viviendas reclamaron al Gobierno que retome una serie de iniciativas legislativas que quedaron abandonadas: el sinceramiento fiscal para la construcción con vigencia de un año; créditos hipotecarios ajustados por salarios; desgravaciones impositivas para la inversión y construcción de vivienda en renta, entre otras. A través de un comunicado, aseguraron que el sector construye en la actualidad cerca de 15.000 unidades (más de 1 millón de metros cuadrados), pero entienden que deben potenciarse medidas urgentes en pos de expandir la actividad.

Las entidades apoyan las propuestas presentadas por la Mesa de la Vivienda conformada por la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), la Unión Obrera de la República Argentina (UOCRA), la Asociación de Empresarios de la Vivienda (AEV) y la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU).

En el comunicado en representación de los desarrolladores inmobiliarios de todo el país, con el apoyo de cada cámara empresarial provincial y las cámaras nacionales hicieron pública la posición respecto de la situación actual de nuestro sector. “A pesar de lo complicado de la coyuntura, la construcción privada en el país está de pie, gracias al compromiso de los empresarios, los trabajadores, proveedores e inversores”, dice el comunicado.

Sin embargo, “entendemos que es imperioso que se adopten medidas largamente reclamadas para potenciar nuestra actividad, que es una gran generadora de empleo genuino, inversión en el país y producción de viviendas, que tanta falta hacen”, amplía el despacho.

Lo primero y prioritario es la aprobación del sinceramiento fiscal para la construcción tal como está presentado en el Congreso nacional, con vigencia de un año. Reclaman por su urgente aprobación.

Damián Tabakman, presidente de la CEDU, dijo que es clave que se apruebe en el Congreso el sinceramiento fiscal (Blanqueo) para la construcción tal como está presentado. “Creemos que es una medida fundamental, se logró con mucho consenso ponernos de acuerdo en algo favorable para que ahorristas destinen dinero a las obras de viviendas en pozo. Pero se tardó en instrumentar y por eso no tuvo el efecto esperado, pero queremos ahora que se pueda extender por un año y eso favorecería mucho al desarrollo del sector”.

Actualmente se calcula que el m2 de construcción oscila en los USD 800 (hace tres años promediaba USD 1.100) y es una buena opción para quien dispone de ahorros para comprar viviendas hoy en obras, sugieren especialistas.

“Creo que es recomendable seguir apostando en el ladrillo porque los valores siguen siendo bajos si los comparamos con otros tiempos. Y seguramente en un futuro los precios se eleven, por eso es un buen momento para aprovechar. Pero también es cierto que necesitamos que el Gobierno accione medidas para expandir al rubro”, añadió Tabakman.

Derogar la Ley de Alquileres

Mientras la Ley de Alquileres N° 27.551 sigue en revisión, en el comunicado emitido por las cámaras dejan constancia de la necesidad de derogarla, y dejaron en claro su rotunda oposición al impuesto a la vivienda ociosa (vacía) y sobre todo potenciar la propuesta de contar con desgravaciones impositivas para la inversión y construcción de vivienda en renta que ya fue presentada.

Por último, sería deseable que se apruebe el otro proyecto importante para el segmento, que está en el Congreso, sobre créditos hipotecarios para que puedan otorgarse y ajustados por salarios.

Carlos Spina, titular de la AEV, puntualizó que es fundamental que se apoye al sector privado, que cualquier intención de generar nuevos impuestos sólo genera desconfianza. “Es vital que se avance en la creación de la Agencia Hipotecaria, proyecto que espera tratarse por los diputados nacionales y que tiene un buen esquema de fondeo, a nuestro entender, además que podría destinar 30.000 créditos por año y retroalimentarse para seguir brindando más opciones en el futuro”.

La idea es que estos planes no se ajusten por inflación como fue con el UVA, que en su mayoría fueron a la vivienda usada y fracasaron. Con el nuevo esquema se busca que los que disponen de parte de los ahorros para comprar una casa puedan hacerlo en una a estrenar.

“Queremos que el Gobierno nos llame y poder avanzar en un sector que es dinámico para crear empleo y hacer circular la economía, pero también es cierto que cualquier intento de crear un nuevo gravamen sólo hace ruido, pero en contra de la actividad”, concluyó Spina.