Al examinar con mayor detenimiento las declaraciones del ex presidente, surge un cuestionamiento respecto a la veracidad de sus argumentos. En particular, pone en tela de juicio el cálculo de la pobreza en Argentina, sugiriendo que una cifra precisa desencadenaría un estallido social. Sin embargo, los datos oficiales contradicen esta posición, mostrando que la tasa de pobreza supera el 40% para el último semestre del año, una cifra comparable al máximo histórico alcanzado durante la pandemia (42%). Es importante destacar que la mínima medición de la pobreza durante su gestión se sitúa en el 37%, lo que plantea interrogantes sobre la consistencia y la exactitud de los argumentos enunciados en relación con la realidad económica del país.
Fuente: IDESA en base a INDEC
“Creo que está mal medida la pobreza”
Es interesante observar que en Argentina, el cálculo de la pobreza sigue un enfoque exclusivamente monetario. Se basa en la realización periódica de una encuesta, la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), mediante la cual se determinan los ingresos de los hogares. Estos ingresos se contrastan con el valor de un conjunto mínimo de bienes y servicios, conocido como la Canasta Básica Total.
En caso de que un hogar no disponga de ingresos suficientes para afrontar el gasto de esta canasta, se lo considera como viviendo en la pobreza, al igual que las personas que forman parte de dicho hogar. Este enfoque proporciona una medida cuantitativa y objetiva de la pobreza, centrándose en la capacidad de los hogares para cubrir sus necesidades básicas.
Otras dimensiones de análisis como las condiciones de vida (tipo de vivienda, cantidad de personas, nivel de infraestructura zonal) no son consideradas en la medición regular del INDEC para indicar cuando una persona vive o no en condiciones de pobreza.
Es correcto señalar que las encuestas, incluida la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) en Argentina, pueden estar sujetas a sesgos que afectan la calidad de la información obtenida. Uno de los sesgos notables está relacionado con la reticencia de las personas a revelar información verídica sobre sus ingresos. Este fenómeno puede llevar a una subestimación de los ingresos declarados y, por ende, a una sobreestimación de los niveles de pobreza. Además, este sesgo tiende a ser más pronunciado a medida que se asciende en la pirámide social.
Para abordar estos desafíos, se implementa ponderadores específicos en el análisis de los datos de la encuesta. Estos ponderadores buscan corregir posibles sesgos y mejorar la precisión y la representatividad de las estimaciones. El ajuste de ponderadores es una práctica común en la estadística para compensar sesgos y garantizar que los resultados reflejen de manera más precisa la realidad demográfica y económica de la población.
Este enfoque demuestra la importancia de considerar no solo la recopilación de datos, sino también la necesidad de aplicar técnicas y ajustes para abordar sesgos potenciales y mejorar la fiabilidad de las estimaciones resultantes.
La persistencia de errores en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), que son transversales a los distintos gobiernos debido a la falta de modificaciones en la metodología desde el año 2003, permite realizar comparaciones a lo largo de diferentes gestiones. Esta continuidad en la metodología ofrece una base para evaluar las tendencias a lo largo del tiempo y comparar los resultados de manera más consistente.
Realizar análisis comparativos a lo largo de diferentes administraciones gubernamentales puede proporcionar una visión más completa de cómo las políticas y las condiciones económicas han afectado la incidencia de la pobreza a lo largo de los años. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las condiciones económicas y sociales pueden estar sujetas a una variedad de factores, y las comparaciones deben abordarse con un entendimiento adecuado del contexto específico de cada período.
En resumen, la consistencia en la metodología de la EPH a lo largo de múltiples gobiernos facilita las comparaciones y el análisis de tendencias en la incidencia de la pobreza en Argentina a lo largo del tiempo.
“Yo no puedo entender cómo se concilia que haya 40% de pobreza y al mismo tiempo llevemos 37 meses consecutivos de creación de empleo registrado”
Otra frase que el presidente usó para justificar que la pobreza estaría mal medida es el hecho de que el empleo formal lleva 37 meses consecutivos de crecimiento ¿es esto cierto? ¿Qué está ocurriendo en el mercado laboral?
La afirmación del presidente sobre el crecimiento sostenido del empleo formal puede requerir una revisión más detallada, ya que, según la información proporcionada, el aumento parece estar impulsado principalmente por el empleo registrado en el sector público, mientras que el empleo privado ha permanecido relativamente constante.
El hecho de que el empleo formal se haya mantenido constante en torno a los 11 millones de personas desde 2016, sugiere que el crecimiento podría no ser uniforme en todos los sectores de la economía. La recuperación en los niveles de empleo registrado público podría estar compensando las caídas en el empleo privado, especialmente durante la pandemia.
Es esencial considerar que el crecimiento del empleo público puede tener implicaciones en términos de sostenibilidad y eficiencia, ya que el aumento basado principalmente en el sector público puede considerarse como una dinámica artificial. La verdadera salud del mercado laboral puede depender de la estabilidad y el crecimiento en el empleo del sector privado, que a menudo se asocia con una mayor dinámica económica.
La descripción del sector informal que comprende asalariados no registrados y no asalariados, representando el 50% del mercado laboral, destaca una realidad importante en el país, donde una parte significativa de la fuerza laboral opera en condiciones informales.
El hecho de que este sector sea considerablemente grande, con cerca de 11 millones de personas en 2023, subraya la importancia de comprender su dinámica en el contexto económico y social.
El impacto del empleo informal en la vulnerabilidad económica de las personas es evidente, como se ilustra claramente durante la pandemia, cuando se perdieron millones de empleos informales, el nivel de pobreza alcanzó su punto máximo. La caída de aproximadamente 4 millones de empleos informales en comparación con los 300 mil empleos formales privados perdidos resalta la mayor susceptibilidad del empleo informal a los shocks económicos y las crisis.
A medida que estas personas se reincorporan al mercado informal en 2021, se observa una disminución de la pobreza. Este fenómeno destaca la estrecha conexión entre el empleo informal y los niveles de pobreza, así como la importancia de abordar las condiciones laborales y la protección social en este sector para reducir la vulnerabilidad económica de las personas.
“Si hubiera semejante cantidad de pobreza, la Argentina estaría estallada…”
Gracias al amplio entramado de planes sociales, el deterioro en los indicadores sociales no desencadenó un estallido social. Si comparamos con el 2001, vemos una profundización de la pobreza por la ausencia de contención social en esa época, siendo mayor la cantidad de personas indigentes y el nivel de descontento en la sociedad.
El hecho de que más de la mitad de la población reciba asistencia estatal, a través de programas como la tarjeta alimentaria, Potenciar Trabajo, BECAS PROGRESAR, entre otros, indica la magnitud de la red de seguridad social implementada. Sin embargo, es interesante notar que, a pesar de la extensión de estos programas, representan tan solo un 25% de los ingresos totales de los hogares. Esto destaca la diversidad de fuentes de ingresos de las personas y la necesidad de considerar otras dimensiones económicas más allá de los planes sociales.
La contraparte, está relacionada con el financiamiento de estos programas a través de la emisión monetaria, subraya la preocupación por el impacto a largo plazo. El aumento de la emisión monetaria puede contribuir a la inflación, lo que puede agravar la situación económica en el mediano y largo plazo. Este dilema entre proporcionar asistencia inmediata y gestionar las consecuencias a largo plazo es una cuestión compleja que los responsables de políticas deben abordar cuidadosamente para equilibrar la necesidad inmediata con la estabilidad económica sostenible.
El incremento de la pobreza debido a la inflación plantea la pregunta: ¿Cómo podemos revertir esta situación?”
Sin entrar en consideraciones metodológicas, es innegable que la elevada inflación en Argentina está erosionando los ingresos de los hogares, impactando especialmente a aquellos con menores recursos, y las ayudas sociales no son suficientes para restablecer su poder adquisitivo.
Así, la principal causa que subyace en el aumento de la pobreza es la reducción de los salarios reales. Con aproximadamente la mitad del mercado laboral en la informalidad, donde los ingresos se ajustan por debajo de la tasa de inflación, un número creciente de personas enfrenta dificultades para superar la línea de pobreza.
En esta línea, la eliminación de la inflación debería considerarse como ‘la prioridad’ en la agenda de políticas sociales. Los niveles actuales de precios elevados tienen su origen en el financiamiento del déficit fiscal a través de la emisión monetaria. Abordar esta problemática requiere un reordenamiento integral del Estado, que abarque tanto la revisión del sistema tributario como una reestructuración funcional del mismo.
En términos de ordenamiento tributario, se sugiere la distribución de las potestades tributarias según el principio de ‘El que gasta, recauda’. Una alternativa sería que las provincias asuman la recaudación total del IVA, absorbiendo Impuestos sobre los Ingresos Brutos (IIBB) y tasas municipales, mientras que la nación se financie principalmente con impuestos a las ganancias (permitiendo implementar políticas redistributivas), impuestos sobre el trabajo y el comercio internacional. Esta propuesta contempla la eliminación de la coparticipación, siendo reemplazada por un fondo de convergencia destinado a financiar a las provincias más postergadas.
En cuanto al ordenamiento funcional, se destaca la necesidad prioritaria de eliminar el solapamiento de funciones entre los distintos niveles de gobierno. Esta medida tiene como objetivo reducir los costos operativos y de coordinación, lo cual no solo disminuiría el gasto, sino que también aumentaría la eficiencia en la provisión de servicios públicos de calidad.
Fuente: LP CONSULTING