Por lo general, existen cláusulas penales y castigos económicos. Desde la Asociación de Empresarios de la Vivienda reconocen que obedece a un contrato entre privados. En tanto, desde la Defensoría del Pueblo, confirman que no se registran denuncias
Las demoras generadas en la entrega de departamentos para vivienda suelen generar más de un conflicto para cada uno de los actores que participan del negocio de la construcción.
Mientras desde el municipio aducen que sólo tienen competencia para otorgar el permiso de edificación y controlar las normas de seguridad e higiene, desde la Asociación de Empresarios de la Vivienda sostienen que los incumplimientos se arreglan previamente por medio de aspectos contractuales.
Por su parte, desde la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe, confirman que al tratarse de vínculos entre agentes privados, ningún caso termina en la dependencia estatal.
Ante este panorama, las modalidades operatorias son tan variadas como los protagonistas que forman parte del negocio de la construcción.
En diálogo con IMPULSO, el titular de la Asociación de Empresarios de la Vivienda, Marcelo Pasardi, comentó que el modo de operar varía de acuerdo a cada una de las partes y que las demoras que puedan generase en la entrega del final de obra se solucionan instancias previas al comienzo de la ejecución de los proyectos. “Por lo general, en los contratos se establecen los premios y castigos en caso de que se respete o no los plazos establecidos”, comentó Pasardi.
Por su parte, en contacto con este medio, desde la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe, su titular, Edgardo Bistoletti, comentó que desde que está al mando de la entidad provincial, ningún caso llegó a su oficina particular. “Esta problemática se resuelve entre privados, por lo que me han comentado, históricamente, la oficina jamás ha recibido un caso de estas características”, agregó el funcionario.
Por su parte, para comentar algunas de las medidas que se toman para resguardarse de los inconvenientes que genera el retraso de las obras privadas, Pasardi declaró: “Muchas veces hay cláusulas penales que se fijan en el contrato, premios económicos si se cumple con lo acordado, o multas y sanciones si se demora el final de obra establecido”.
Por último, el rol de la Municipalidad, se limita a entregar el permiso de edificación y trabajar conjuntamente con las autoridades provinciales en los controles de higiene y seguridad, pero bajo ningún punto de vista tiene ingerencia en los arreglos contractuales entre privados.
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