En el 2024 se logró revertir los crónicos déficits fiscales. El desafío para el 2025 es darle sostenibilidad. Esto requiere un Acuerdo de Coordinación Fiscal entre la Nación y las Provincias para eliminar solapamientos de funciones y de impuestos. Este Acuerdo es urgente para recuperar la caída de la inversión en infraestructura.
En el 2024 se dio una reversión impresionante de la dinámica fiscal. De un desequilibrio financiero equivalente al 4,6% del PBI en el 2023, se pasó a un superávit financiero de 0,3% del PBI en el 2024. Se logró un aumento del superávit financiero de casi 5% del PBI. El ajuste se explica por una caída en todos los componentes del gasto primario (es decir, erogaciones excluidos los intereses). Mientras los ingresos públicos se mantuvieron constantes en 16,8% del PBI, todos los componentes del gasto primario tuvieron caída en términos reales que totalizaron una reducción total de 4,5% del PBI. Para lograrlo fue clave la licuación de gastos en un entorno de alta inflación.
El desafío ahora es sostener el superávit en un contexto de baja inflación. En algunos rubros de gastos alcanza con seguir la misma estrategia, como sostener la baja en la masa salarial con la reducción de empleados públicos y una política salarial austera. En el caso de las jubilaciones, sin perjuicio de que es muy importante un ordenamiento integral, con la movilidad que establece aumentos en base a la inflación las erogaciones en el corto plazo estará controlado, si no se renuevan las moratorias que vencen en marzo.
Pero hay otros rubros de gastos donde se necesita un cambio urgente de estrategia. Estos son los casos de las transferencias discrecionales a provincias e inversión en infraestructura. Según el Ministerio de Economía entre el 2023 y el 2024 se observa que:
- La caída en las transferencias nacionales para gastos corrientes de provincias representó el 11% de la caída total del gasto primario.
- La caída de las transferencias nacionales de capital a provincias explica otro 9%.
- La caída de la inversión nacional en funciones interprovinciales representó otro17%del ajuste del gasto primario.
Estos datos muestran que más de un tercio de la reducción del gasto primario fue gracias a la reducción de las transferencias no automáticas a provincias (corrientes y de capital) y de la inversión directamente ejecutada por la Nación. En el caso de la inversión nacional, los anuncios del gobierno van en la dirección de buscar mecanismos para que empresas privadas se hagan cargo del mantenimiento y desarrollo de nueva infraestructura. Es un proceso tan complejo como urgente. Pero más desafiantes aún son los problemas que se derivan de la drástica reducción de las transferencias no automáticas a las provincias.
La reducción de las transferencias a las provincias va en el sentido correcto de eliminar solapamientos que son fuentes de ineficiencias. Sin embargo, por haberse hecho de manera unilateral existe el riesgo de que las provincias y los municipios reaccionen aumentando impuestos. Cabe tener en cuenta que dos de los peores impuestos –Ingresos Brutos y tasas de industria y comercio– son las principales fuentes de financiamiento propio de las provincias y municipios. Así, se forma un potente factor de erosión de la competitividad para la producción nacional que es la combinación de apreciación cambiaria con subas de Ingresos Brutos y tasas municipales y la profundización del deterioro de la infraestructura, debido a que los tres niveles de gobierno redujeron la inversión pública.
Para preservar el superávit fiscal y contemplar los problemas de competitividad es imprescindible un Acuerdo de Coordinación Fiscal entre la Nación y las Provincias. Un primer componente del Acuerdo debería ser el ordenamiento funcional del sector público. Esto es dejar claramente especificadas las funciones de cada nivel de gobierno: el Estado nacional ejecuta funciones interprovinciales y las provincias con sus municipios se hacen cargo de las funciones locales. El objetivo es eliminar los solapamientos que dañan la calidad de la gestión pública. El otro componente debe ser el ordenamiento tributario. También eliminar solapamientos de impuestos y dejar claramente establecido qué tributo financia a cada nivel de gobierno. De esta forma, se reemplaza la coparticipación por la correspondencia fiscal en la cual cada nivel de gobierno atiende su función con los recursos que produce.
El fuerte ajuste fiscal permitió superar la crítica situación a la que se había llegado a finales del 2023. Pero es muy importante evitar que frente a la casi eliminación de transferencias a las provincias la reacción sea aumentar impuestos agravando los problemas de competitividad. Por eso, es importante y urgente firmar un Acuerdo de Coordinación Fiscal.
Fuente: IDESA.org