La Cámara de Diputados de Chile aprobó la admisibilidad de la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera, lo que abrirá un juicio político en el Senado, luego de que la investigación periodística de los Pandora Papers revelara un posible conflicto de intereses en la venta de una mina por parte de su familia.
Los 78 votos necesarios para que el trámite pase al Senado se lograron tras 22 horas de una sesión que incluyó un discurso récord de 15 horas del diputado socialista Jaime Naranjo, una maniobra dilatoria para asegurar así el voto de un legislador cuya cuarentena por coronavirus expiraba en la madrugada.
Con este paso, Piñera no podrá salir del país, aunque puede seguir ejerciendo sus funciones hasta que la acusación llegue a la Cámara de Senadores, que actuaría como jurado para sellar el futuro del primer presidente sometido a esta acusación en los 31 años de la posdictadura en Chile.
Después de Naranjo, el abogado de Piñera, Jorge Gálvez, cerró su defensa con una exposición de cinco horas ante el plenario. Les rogó a los “honorables diputados y diputadas, rechazar esta injusta e improcedente acusación constitucional“.
“Esta acusación puede ser un golpe que puede dejar heridas para los siguientes Gobiernos“, advirtió el abogado del mandatario.
La acusación constitucional fue presentada la primera semana de octubre por el arco de la oposición socialista y de izquierda en el marco de la investigación Pandora Papers que reveló que los hijos del mandatario vendieron un proyecto minero en 2010 al empresario Carlos Alberto Delano -íntimo amigo de Piñera- por 152 millones de dólares.
La transacción, que en su mayoría se realizó en Islas Vírgenes, tuvo lugar durante el primer Gobierno de Piñera (2010-2014) y contenía una cuestionada cláusula que supeditaba el último pago a “que no se estableciese un área de protección ambiental sobre la zona de operaciones de la minera, como reclamaban grupos ambientalistas“.
El detalle señalado por Pandora Papers es que la decisión sobre la demarcación de esa zona ambiental dependía del Gobierno de Piñera.
En la Cámara alta, la oposición necesita dos tercios (29 votos) para destituir al mandatario en un juicio político, lo que requiere convencer a cinco senadores del oficialismo, algo que a menos de dos semanas de las elecciones presidenciales parece poco probable porque la oposición cuenta solo con 24 escaños.
Télam