Tras la aprobación de la Ley de Alquileres se difundió un relevamiento realizado por la Concejalía Popular y el Frente de Inquilinos Nacional para conocer la situación en relación a los alquileres de la provincia de Santa Fe.
Entre los primeros datos relevados, explicaron que el 82% de las locaciones tienen destino de alquiler habitacional, frente un 18% de alquileres comerciales.
Por otra parte, el 63% de los contratos se realizan a través de una inmobiliaria, el 30% al dueño directo, 5% vía estudio jurídico y un 2% a otro tipo de administración.
En el caso de los inquilinos de vivienda, durante el mes de marzo el 82% pudo pagar el alquiler; 8,8% no lo pudo hacer y 9,2% pudo pagar una parte.
La situación se complicó en abril ya que solo el 57,6% pudo pagarlo en su totalidad; 28,3% no lo hizo y el 14,1% solo una parte.
En mayo los indicadores fueron empeorando, el 39,5% pudo abonar; el 37,5% no y el 23% no pagó la totalidad.
Mientras tanto, en junio apenas el 29,5% abonó el total del alquiler; el 46,2% no lo hizo y el 24,3% canceló una parte.
Contemplando los alquileres de viviendas y comercios, el 83,8% vio afectados sus ingresos, mientras que solo el 8,6% no tuvo inconvenientes de ese tipo y el 7,6% en parte.
Además, solo la mitad de los locadores o inmobiliarias cumplieron con lo establecido en el Decreto de Necesidad de Urgencia 320; el 50,2% sí lo hizo y el 49,8% no.
Los principales incumplimientos fueron en un 20,6% no haber otorgado un CBU para el pago, en un 17,7% no congelar el valor del alquiler y por último negar la prórroga del contrato en un 17,1%.