Impulso

La Cámara de Senadores aprobó este viernes el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales, y la norma -que lleva el número 26.522- ya fue publicada en una edición extraordinaria del Boletín Oficial.

Dentro de la iniciativa fue aprobado el artículo 161, que será el que genere (se anticipa) una ola de juicios al Estado por violación de los derechos adquiridos. El mismo obliga a las empresas de radio y televisión por cable y por aire a desprenderse de las licencias que superen el límite de diez en el plazo de un año.

Por su parte, San Luis presentará un amparo ante la Corte Suprema de Justicia, ya que consideran se viola "el artículo 32 de la Constitución Nacional" al afectar el derecho de los estados provinciales a legislar sobre los medios que operan dentro de la provincia. Recordemos que en ese artículo, la Carta Magna sostiene que el Congreso "no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal".

Este es el mapa de qué pasará con los canales de aire, siempre y cuando se concrete la aplicación de la flamante legislación.

Canal 13 (El Trece): En el caso de que Grupo Clarín decida continuar con la distribución de señales a través de la televisión por cable (Cablevisión/Multicanal), deberá vender el canal. En cambio, si la empresa liderada por Ernestina Herrera de Noble prefiere quedarse con Canal 13, deberá vender sus empresas de televisión paga.

Canal 11 (Telefé): El canal en manos del Grupo Telefónica, deberá vender el 70% de sus acciones, ya que la nueva Ley no permite que una firma extranjera posea más del 30% de las acciones de un canal. Sin embargo, al existir un acuerdo de reciprocidad entre nuestro país y Estados Unidos, que permite a las compañías norteamericanas tener la totalidad de las acciones, esta situación podría no modificarse ya que Telefónica tiene una subsidiaria radicada en el país del norte. En este caso, se prevé una disputa legal. De todas formas, Telefé tiene una estrecha relación con el Gobierno Nacional a tal punto que su subdirectora de programación es Bernarda Llorente, esposa del canciller Jorge Taiana. También fue el único canal que logró una entrevista exclusiva con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y con el ex presidente Néstor Kirchner.

Canal 9: Actualmente la emisora es propiedad del empresario mexicano Ángel González. También debería vender al menos el 70% de sus acciones, al ser una firma extranjera. De todas formas, también este grupo tiene una subsidiaria en Estados Unidos. Independientemente de esta decisión, deberá pasar a producir el 70% de su programación en forma local, cifra que está muy alejada de la situación actual y que ha sido motivo de reclamos de actores, productores y del Sindicato de Televisión.

Canal 2 (América): Situación similar a la de Canal 13. Dos de sus accionistas, Daniel Vila y José Luis Manzano, son titulares de la empresa Supercanal Holding, el segundo grupo de comunicaciones del país. Al tener una empresa de distribución de señales, deberían vender su parte del canal.

Canal 7 (TV Pública): La nueva legislación no lo afecta en ningún sentido. Tampoco se sabe si habrá inversiones para ofrecer una mejor señal de transmisión técnica, hoy considerada la de menor calidad del mercado.