El dictamen de mayoría sobre el proyecto que propone modificar el Ministerio Público Fiscal, aprobado el miércoles pasado por un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, limita a cinco años el período de ejercicio en el cargo del procurador General de la Nación e introduce la perspectiva de género, entre otras cuestiones.
Tras la firma del dictamen en plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia, el proyecto del Poder Ejecutivo, que contaba con sanción del Senado, quedó en condiciones de ser tratado en el recinto de la Cámara baja en la próxima sesión.
Debido a que se incorporaron modificaciones al texto que había sido girado por la Cámara alta, si es sancionado por los diputados deberá volver al Senado para que se avalen o no esos cambios.
Se trata de una propuesta que modifica la Ley 27.148, Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal.
Estos son los puntos principales del dictamen aprobado en plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia:
-La duración del cargo será de 5 años, pudiendo ser renovado por otro período igual, a propuesta del Poder Ejecutivo nacional y con nuevo acuerdo del Senado.
-El Procurador/a no podrá al momento de su designación superar los 75 años.
-El Procurador/a podrá ser removido del cargo “por razones de mal desempeño, crímenes comunes o delito en el ejercicio de sus funciones”.
-Para la remoción del Procurador/a se requiere el voto de la mayoría de los dos tercios de los miembros del Senado.
-En caso de licencia, recusación, excusación o impedimento transitorio del Procurador/a, el cargo será desempeñado por un interino por un máximo de 6 meses no prorrogables.
-Se integrarán los órganos con perspectiva de género, al igual que el Tribunal de Enjuiciamiento y el Jurado de Concursos, así como también las ternas de candidatos a ocupar un cargo.
-El Procurador/a debe diseñar y fijar la política general del Ministerio Público Fiscal de la Nación y, en particular, la política de persecución penal que permita el ejercicio eficaz de la acción penal pública, que será desarrollada con perspectiva de género.
-La composición del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal estará integrado por siete miembros, con un integrante del Ministerio Público Fiscal en reemplazo de un legislador y paridad de género. Así, quedará conformado por un representante del Poder Ejecutivo y dos representantes de la Comisión Bicameral parlamentaria: uno por la mayoría y uno por la minoría. Además lo integrarán: un representante del Consejo Interuniversitario Nacional, un abogado y dos fiscales: un varón y una mujer.
-El Tribunal de Enjuiciamiento sesionará “con la mayoría de sus miembros” y sus decisiones se tomarán “por la mayoría simple absoluta de sus miembros”.
En caso de empate, definirá el Presidente” y “cuando la sentencia determine la remoción del/la fiscal, se exigirá el voto de los dos tercios de sus miembros presentes”.
-El Defensor/a General de la Nación será designado por el Poder Ejecutivo nacional con acuerdo del Senado de la Nación por mayoría absoluta de sus miembros” y dura en sus funciones 5 años. Su remoción se regirá por las mismas razones que el titular del Ministerio Público Fiscal.
APUNTES SOBRE EL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
El proyecto busca además que la designación del procurador se pueda hacer por mayoría simple, en vez de los dos tercios que se requerían hasta el momento, para evitar que la permanencia en su cargo ya no será más vitalicia.
El dictamen de mayoría sobre el proyecto para reformar el Ministerio Público Fiscal consiguió 33 firmas de legisladores del Frente de Todos y el mendocino de Unidad para el Desarrollo, José Ramón.
En tanto, Juntos por el Cambio, con 30 firmas, emitió un dictamen de minoría y la diputada de Consenso Federal por la provincia de Buenos Aires, Graciela Camaño, presentó un tercer despacho.
El Ministerio Público Fiscal está encabezado en la actualidad por el fiscal ante la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Casal, quien permanece en ese cargo de forma interina desde la renuncia de la exprocuradora Alejandra Gils Carbó, en 2017.
El candidato del Gobierno nacional para ocupar el cargo de procurador General de la Nación es el juez federal Daniel Rafecas.