Distintos casos mundiales de ciudades que controlaron los alquileres, demuestran algunas dificultades prácticas que dan lugar a un aumento de la litigiosidad entre los dueños y los inquilinos.
Desde 2015, 300 municipios alemanes se subieron a la ola de frenar los aumentos de los alquileres con la aprobación de los llamados Mietpreisbremse, una legislación que regula el precio de las rentas.
La medida habilita a los gobiernos de los estados federados, länders, a establecer controles en aquellos mercados tensionados durante un plazo máximo de cinco años.
Los resultados indicaron que esta política supuso una reducción del precio del alquiler en el segmento regulado, mientras que los controles causaron un incremento sustancial de los precios del alquiler en los segmentos no regulados.
Berlín fue más allá y aprobó una nueva legislación que incorpora fuertes sanciones a los propietarios que establezcan precios abusivos.
La propia canciller, Angela Merkel, anunció que dará de baja la medida por inconstitucional.
En Francia, la posibilidad de regular los niveles máximos de las rentas en ciudades con elevada presión se introdujo en 2014 con la Ley Alur.
Las ciudades Lille y París se unieron a la medida pero debido al bombardeo de demandas recibidas, los tribunales terminaron por derogar la normativa en 2017.
De todas formas, París no se dio por vencida y anunció que seguirá congelando los precios haciendo uso de la recién aprobada Ley Elan, vigente hasta 2023.
En Estados Unidos son varias las ciudades y estados que optaron por limitar las subidas de precios de alquiler.
Algunos de esos lugares son California, Oregon, Los Ángeles, San José, Washington y Nueva York.
En San Francisco, por ejemplo, si bien fueron efectivos en el corto plazo para reducir el desplazamiento de hogares de menor renta, terminaron reduciendo la oferta de alquiler y modificando su composición, contribuyendo al aumento de precios y al proceso de incremento de la desigualdad de la renta a escala local.