Impulso

El deterioro de las cuentas públicas del Estado nacional se sigue profundizando. El persistente y muy alto déficit fiscal señala que el Tesoro nacional está agotando todas las vías de endeudamiento público y el Banco Central las de emitir moneda. A través de las Leliq, el Banco Central absorbe parte de los excesos de emisión pidiéndole a los bancos los ahorros que capta de sus clientes. El abuso de este instrumento ha llevado a que las Leliq sean el equivalente a 3 bases monetarias.

El gobierno pone énfasis en que la mala situación económica es culpa del endeudamiento con el FMI y a la sequía. Ya se resignó a la muy alta inflación y a la caída en la producción y pone todas las energías en posponer un salto devaluatorio que agregaría complicaciones de cara a las elecciones. Mientras tanto la oposición capitaliza políticamente el malestar y plantea de manera ambigua la necesidad de aplicar un plan de estabilización. Ni oficialistas ni opositores lo hacen explícito, pero subyace como inevitable un fuerte ajuste fiscal.

En este contexto resulta pertinente observar la dinámica de las cuentas públicas en los últimos meses. Comparando el 1° semestre del 2023 con igual período del año anterior, previa corrección de los valores nominales por inflación, se observa que:

• Los ingresos públicos del Estado nacional cayeron en $1,2 billones a precios actuales.
• El gasto primario –antes del pago de intereses de deuda– cayó en $800 mil millones.
• Dentro del gasto primario, el principal gasto del Estado nacional, que es el de jubilaciones y pensiones, cayó en términos reales en $500 mil millones.

Estos datos muestran que el ajuste del gasto público ya está en ejecución. No se instrumenta de manera explícita sino a través de la licuación que produce la inflación sobre componentes muy importantes del gasto público. El más decisivo, por su incidencia en el gasto total, es el de las jubilaciones. Por un lado, se capitalizan políticamente anuncios de elevados aumentos nominales en los haberes previsionales. Por el otro, como estos aumentos son inferiores a la inflación, se logra reducir el gasto público. Por ahora esto no llega a compensar la caída de los ingresos, pero lo cierto es que implica una reducción en términos reales del gasto público.

La Argentina tiene una larga experiencia en estrategias de reducción del desequilibrio fiscal vía ajuste inflacionario. En esencia, la estrategia consiste en no adoptar medidas explícitas para corregir los déficits fiscales, sino en dejar que la inflación haga el “trabajo sucio”. Es una opción políticamente atractiva, aunque socialmente muy costosa además de oportunista e hipócrita. Lo más relevante es que no corrige los problemas de organización que padece el Estado. Este tipo de ajuste puede ser eficaz para corregir transitoriamente el desequilibrio fiscal. Pero no cambia la propensión que tiene el sector público –derivada de su mala organización– a administrar mal y a gastar por encima de sus ingresos.

El mayor riesgo es que el próximo gobierno caiga en la tentación de mantener la continuidad de este ajuste –vía licuación– que inició el actual gobierno. Si el punto de partida es que parte del “trabajo sucio” se está haciendo –como, por ejemplo, el más importante y resistido que es licuar jubilaciones– y hay factores de contexto que van a jugar a favor de los ingresos (superación de la sequía, gasoducto, Vaca Muerta, litio) una estrategia que se limite sólo a aliviar la crisis tiene probabilidad de éxito. Pero no sirve para generar un proceso sostenido de crecimiento económico.

Es cierto que para abordar un ordenamiento integral del Estado se necesitan ideas innovadoras y disruptivas. También que demanda mucha audacia e idoneidad política para instrumentarlas. Pero limitarse a ajustar el Estado y aprovechar mejores condiciones de contexto simplemente para dar alivio a la población será otro derroche de oportunidad para salir de la decadencia. Desde el punto de vista político, social y productivo seguramente terminará siendo una nueva frustración.

Fuente: IDESA.org