El gobierno anunció que no se renovarán las moratorias previsionales. Es un paso en la dirección correcta que debe ir acompañado con el ordenamiento del sistema de protección social. El desafío es lograr un correcto balance entre la solidaridad y los incentivos en favor de la generación de empleos formales.
El sistema de protección social argentino tiene origen a mediados del siglo pasado. Fue concebido como un sistema contributivo donde el acceso a los beneficios (jubilación, asignaciones familiares, seguro de desempleo y obra social) está condicionado a los aportes salariales. Este diseño fue perdiendo eficacia en la medida que se fue masificando la informalidad y la marginalidad laboral. En respuesta a este proceso se fueron incorporando al sistema contributivo a las familias con adultos informales y/o sin empleo.
Así es como en el 2000 se otorga derecho al Programa Médico Obligatorio (PMO) a los Monotributistas. En el 2005 se crearon las primeras moratorias para otorgar jubilaciones contributivas a gente sin aportes que posteriormente se fueron renovando. En el 2007 se crearon los planes asistenciales para dar subsidios por desempleo a las familias con adultos sostén de hogares informales o sin ocupación. En el 2009 se creó la Asignación Universal por Hijo (AUH) para los hogares informales y/o sin empleo. Así, el sistema de protección social contributivo quedó distorsionado otorgando beneficios sin distinción entre aportantes y no aportantes pero exigiendo a las familias formales que mantengan su financiamiento.
La pregunta es cuán consistente y sostenible es esta organización. Según la encuesta de hogares urbanos del INDEC se observa que:
- El 35% de los hogares son formales completos, es decir, tanto el jefe como el cónyuge tiene un empleo formal sea como asalariado registrado o cuentapropista profesional.
- El 32% de los hogares son mixtos en el sentido que un sostén del hogar (sea el jefe o el cónyuge) es formal y el otro es informal o no tiene empleo.
- El 33% restante de los hogares son completamente informales en el sentido que ambos de los sostenedores del hogar son informales o sin trabajo.
Estos datos muestran que sólo un tercio de los hogares se sostienen enteramente con el empleo formal. Otro tercio combina algún miembro en edad activa con trabajo formal y otro informal o sin empleo y el otro tercio son hogares que no acceden a la formalidad. De esta conformación emergen dos importantes implicancias. Una es la inconsistencia de pretender dar cobertura a todas las familias, cuando solo un tercio contribuye con su aporte salarial al financiamiento. La otra es que volver a un sistema contributivo no es socialmente sostenible porque la mayoría de las familias no tienen capacidades contributivas.
La alternativa a seguir improvisando es ordenar el sistema de protección social. El punto medular es un rediseñode los beneficios contemplando un piso de acceso para todas las familias y una compensación adicional, por sobre el piso, para las familias que contribuyen con sus aportes salariales. Las metas son, por un lado, no desproteger a ninguna familia. Por el otro, no desincentivar la formalidad como ocurre en la actualidad.
Bajo esta lógica hay que dejar de prorrogar las moratorias previsionales y simultáneamente eliminar el requisito del mínimo de 30 años de aportes para acceder a una jubilación. El esquema debería permitir que llegada a determinada edad la gente se jubile con los aportes que tenga realizados, cualquiera sea su cantidad, accediendo a un haber calculado en función de sus aportes. Si el haber resultante es muy bajo, otorgar la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Pero siempre reconocer que el esfuerzo de aportar tiene un reconocimiento con un mayor haber. La misma lógica es aplicable a las asignaciones familiares simplificando el régimen de prestaciones (que actualmente brinda al informal doble AUH, Alimentar, Leche y Cuidados de Salud) y nivelando los montos para las familias de bajos salarios formales. Siguiendo el mismo criterio el seguro de desempleo contributivo debería operar como una parte de la indemnización por despido de los trabajadores con mucha antigüedad a fin de incentivar la creación de empleos formales. En el mismo sentido, hay que regular un PMO básico para los monotributistas y las familias de bajos salarios con opciones de mayores y mejores prestaciones para familias formales de mayores salarios.
Décadas de decadencia económica han provocado esta degradación social que lleva a que la mayoría de los hogares vivan de la informalidad. Improvisar mecanismos para que la gente sin aportes entre “por la ventana” al régimen contributivo es una alternativa perversa. La prioridad es que las familias vuelvan a vivir del empleo formal. En la transición establecer un sistema de protección que equilibre solidaridad con incentivos en favor de la formalidad.
Fuente: IDESA.org