El próximo jueves 17 está prevista la segunda reunión de la Mesa de Alquileres, convocada por la Secretaría de Comercio. Según lo acordado, los participantes discutirán distintas alternativas para ampliar la oferta actual de alquileres y reducir los impactos de la suba de precios.
Desde la Federación de Inquilinos Nacional detallaron una lista de propuestas, que presentarán en la reunión:
– Regulación del precio inicial del alquiler, que sea del 2% del valor fiscal de la vivienda. El Estado regula este precio y lo actualiza todos los años. Esta propuesta se basa en el proyecto de Ley presentado en 2009 por la senadora nacional Teresita Quintela.
– Impuesto a la vivienda vacía: un 5% sobre el valor fiscal a los bienes inmuebles en desuso por más de dos meses para todos aquellos que tengan más de tres propiedades.
También van a proponer un canal para denuncias ante Defensa de Consumidor o la Secretaría de Comercio por incumplimiento a la legislación de alquileres. Según detallaron, los incumplimientos más frecuentes son no aceptar pago electrónico, no emitir factura, indexaciones fuera de la ley, los plazos de los contratos y la transferencia de impuestos al inquilino.
Otras cuestiones que pedirán desde la federación que agrupa a los inquilinos a la Secretaría de Comercio es que realicen la promoción de un contrato modelo de alquiler y una medición oficial de precios de los alquileres. También que se haga público el índice de actualización de alquileres, que combina salarios e inflación y es realizado por el BCRA. “A casi dos años de vigencia de la ley de alquileres no hay sitio oficial donde consultar el índice para actualizar el precio del alquiler”, indicaron.
Por otro lado, destacaron que pedirán que se intensifique el control de la AFIP sobre las inmobiliarias para que los inquilinos puedan realizar el pago del alquiler por vías electrónicas y obtener factura.
Por su parte, desde la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA) adelantaron que una de sus propuestas es que la actualización de los contratos sea cada seis meses y de acuerdo al índice actual o a otros índices alternativos, como puede ser el que mide la evolución de los salarios. “También creemos que las provincias deben tener injerencia en la aplicación, porque no todo el mercado inmobiliario es igual a lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires”, dijo Alejandro Bennazar, presidente de la CIA.
Además, otra idea es pedir la extensión del blanqueo para la construcción, que incluya una opción que permita destinar el dinero no declarado a la compra de propiedades usadas —no solo nuevas o a construir— con beneficios en el caso de que luego se destine al mercado de alquileres.
La Ley de Alquileres, vigente desde mediados de 2020, fue aprobada por la Cámara de Diputados en noviembre de 2019, durante el Gobierno de Mauricio Macri, pero terminó siendo sancionada por el Senado en junio de 2020, durante la gestión de Alberto Fernández. Los principales cambios que introdujo en los contratos de alquileres fueron la duración (el mínimo pasó de dos a tres años) y la actualización anual de los valores a través de un índice (ICL) que publica el Banco Central y que combina la evolución de la inflación y los salarios en partes iguales.
Desde el mercado inmobiliario aseguran que desde la implementación de la nueva ley la cantidad de propiedades en alquiler se redujo, lo que provocó un aumento de los precios iniciales de los nuevos contratos. Y que las subas anuales terminan siendo muy altas para los inquilinos. Este mes, por ejemplo, la actualización para los que cumplían 12 meses de contrato se acercó al 52 por ciento.
La discusión por el precio y la oferta de los alquileres se va a dar en medio de un revalúo de las propiedades que tendrá un impacto en varios impuestos, entre ellos el Impuesto a los Bienes Personales, y en el mercado inmobiliario. Según lo negociado con el Fondo Monetario Internacional, durante este año el Gobierno nacional y los Gobiernos provinciales realizarán reformas para permitir que las tasaciones fiscales de las propiedades reflejen los valores de mercado.