Un gran logro del gobierno fue desarmar la bola de leliq del Banco Central sin apelar a un plan Bonex o a una licuación vía hiperinflación. Para consolidar este logro, ahora hay que avanzar en el ordenamiento integral del Estado incluyendo a los tres niveles de gobierno. Para esto hace falta un acuerdo entre la Nación y las provincias.
El 2023 terminó con una inflación superior al 200% anual. Esto fue producto de la crónica y creciente acumulación de déficits fiscales. La deuda del Tesoro nacional llegó al equivalente al 67% del PBI.En este punto se agotaron las posibilidades de financiar déficits con incrementos de deuda del Tesoro. La prueba fue el vertiginoso incremento del riesgo-país (el adicional de tasa de interés que el Estado nacional argentino debe pagar por su deuda respecto de Estados Unidos) que superó los 2.000 puntos. Esto implicaba pagar un 20% de tasa de interés anual por encima de la renta que pagan los bonos emitidos por Estados Unidos.
Ante la imposibilidad de seguir emitiendo deuda del Tesoro, los déficits fiscales se cubrían con emisión monetaria. Como los excesos de emisión generan presión sobre la inflación, el Banco Central apelaba a sacar de circulación parte de ese dinero emitiendo letras de liquidación (leliq). Los bancos comerciales utilizaban los depósitos de sus clientes para dárselos al Banco Central a cambio de las leliq. De esta manera, los crónicos desequilibrios fiscales llevaron, además de generar alta inflación, a acumular deuda del Tesoro y del Banco Central (Leliq).
¿Qué pasó con las Leliq en el actual gobierno? Según el Banco Central y el Ministerio de Economía entre noviembre del 2023 y noviembre del 2024 se observa que:
- Las leliq pasaron de 10% del PBI a 0%.
- La deuda del Tesoro nacional aumentó de 67% a 69% del PBI.
- La deuda de corto plazo del Tesoro se incrementó de 5% a 12% del PBI.
Estos datos muestran que la desaparición de las leliq se logró sustituyéndolas por deuda del Tesoro. A nivel consolidado la deuda se mantuvo en niveles similares, pero se pasó a una registración contable más transparente y consistente. Toda la deuda del sector público nacional quedó registrada a cargo de quien la generó (el Tesoro) y el Banco Central se liberó de administrar las leliq para financiar el déficit fiscal. Este sinceramiento se dio sin pasar por episodios traumáticos como un “plan Bonex” (es decir, canjear compulsivamente las leliq por un título a largo plazo que es entregado a los depositantes de los bancos) o una hiperinflación (es decir, licuar el valor de las leliq y los depósitos que las respaldaban).
La principal lección que deja esta experiencia es que el problema central no era la magnitud de la deuda sino la magnitud y persistencia de los desequilibrios fiscales que alimentan la deuda. Si se corta el flujo (equilibrio fiscal) el stock (la deuda) es administrable. La evidencia más clara es la vertiginosa baja del riesgo país. En la medida que se mantenga esta tendencia –para lo cual es clave dar certezas sobre la sostenibilidad del equilibrio fiscal– será factible renovar los vencimientos de la deuda con operaciones de mercado sin riesgo de enfrentar situaciones traumáticas que obliguen a apelar de nuevo al Banco Central.
Quedó demostrado que el equilibrio fiscal es un instrumento muy potente. La crítica situación de deuda a la que se había llegado a finales del 2023 parecía que sólo podría ser superada afrontando una hiperinflación que licue las leliq o el canje de las leliq por un bono de largo plazo. Sin embargo, el gobierno optó por un fuerte ajuste del gasto público migrando de crónicos y altos déficits financieros a superávit. Esta reversión en el resultado de las finanzas públicas permitió, sin confiscaciones, eliminar las leliq. Así se puso en evidencia que se venía subestimando la enorme relevancia de terminar con los crónicos desequilibrios del Estado.
Para darle continuidad a estos logros es imprescindible que el equilibrio fiscal sea sostenible. Esto solo será posible pasando del ajuste del Estado, al ordenamiento integral del Estado. El punto fundacional de esta transformación es un acuerdo de coordinación fiscal entre la Nación y las provincias que especifique las funciones que cada nivel de gobierno tiene la exclusiva responsabilidad de atender (para que el Estado nacional deje de superponer gastos con las provincias y los municipios) y los impuestos con los que se financiará cada nivel de gobierno para hacer frente a las exclusivas responsabilidades que tiene que atender.
Fuente: IDESA.org