A más de un mes del inicio de la crisis que vive Colombia por protestas y bloqueos de rutas en reclamo de mejoras sociales -que ya ha causado algo más de 60 muertes, la mayoría por la represión de las fuerzas del Estado-, una polémica institucional ha crecido en las últimas horas entre el Gobierno de Iván Duque y varias gobernaciones y alcaldías, que se niegan a autorizar la militarización en sus distritos y prefieren recurrir al diálogo.
La cara más visible, pero no la única, es la de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien rechazó de manera tajante la aplicación en la capital colombiana del decreto 575, que les ordena a los gobernadores de ocho departamentos y los alcaldes de 13 ciudades coordinar con el Ejército y la Policía el despeje de los bloqueos de rutas y autopistas.
“De ninguna manera es una opción. Mientras yo sea alcaldesa no habrá militarización en Bogotá. Hacerlo es echarle leña al fuego. Gracias a los esfuerzos de la ciudadanía y de la Policía Metropolitana, aquí no ha habido la masacre que ha habido en otros sitios“, afirmó la alcaldesa, citada por el diario El Nuevo Siglo.
“Un estallido social no se resuelve con fuerza. Poner a la Policía como primer respondiente de un estallido social y económico es un error. Un absoluto despropósito”, insistió la joven jefa comunal, militante feminista, exconsultora de Naciones Unidas y columnista en varios medios de comunicación.
El decreto les señala a gobernadores y alcaldes la obligación de “brindar el apoyo y colaboración, en el marco de sus competencias, para lograr mayor eficiencia, eficacia y celeridad en los procesos de captura y judicialización de las personas que incurren en los actos delictivos que afectan el orden público, la seguridad y la convivencia ciudadana”, puntualizó el diario El Espectador.
La orden presidencial encarga a los jefes distritales “tener informada a la opinión pública, nacional e internacional, sobre los avances en dichas medidas y, dado el caso, decretar toques de queda ante cualquier alteración significativa del orden público y que, en tal virtud, resulte necesario“.
“Los gobernadores y alcaldes que omitan el cumplimiento de lo dispuesto en este decreto, serán sujetos de las sanciones a que haya lugar”, agregó el decreto presidencial, si bien existen también diferentes opiniones legales al respecto, y fue cuestionado por varios responsables de ciudades o provincias. Es el caso, por ejemplo, del gobernador del Huila, Luis Enrique Dussán, y el alcalde de Neiva, Gorky Muñoz.
Dussan viene implementando unas mesas de diálogo con los manifestantes que bloquean las vías de acceso al sur del departamento y el Caquetá, lo que ha permitido reabrirlas para dar paso a alimentos y combustibles. Su intención es evitar enfrentamientos con el temido Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y el Ejército.
El alcalde Muñoz, por su parte, aunque habla de bloqueos y no de puntos de resistencia como lo llaman los manifestantes, asegura que han sido intermitentes y que hoy las protestas son pacíficas, por lo que prefiere buscar consensos.
MÁS VISIONES
Otros jefes de Gobiernos locales, como el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, han dicho que no va a militarizar la ciudad, postura que mantiene también la Gobernación de Caquetá, que en un comunicado señaló: “No podemos enmarcarnos con las situaciones descritas en el decreto 575, por lo cual la asistencia militar no se hace necesaria actualmente, pues no se cumplen los preceptos para utilizarla“.
Jhon Rojas, gobernador de Nariño, aseguró, por su parte, que prefiere recurrir y agotar el diálogo y la concertación, antes que las medidas de fuerza.
También se contabilizan en esta lista los gobernadores Clara Luz Roldán, del Valle del Cauca; Elías Larrahondo, del Cauca; Álvaro Granja, del Putumayo; Arnulfo Gasc,a del Caquetá; Victor Tamayo, de Risaralda, y Silvano Serrano, de Norte de Santander
En cuanto a los alcaldes, están Jorge Iván Ospina, de Cali; Óscar Escobar, de Palmira; John Jairo Santamaría, de Yumbo; Julián Adolfo Rojas, de Buga; Víctor Hugo Vidal, de Buenaventura; Juan Carlos López, de Popayán; Germán Chamorro, de Pasto; Luis Fernando Villota, de Ipiales; Carlos Alberto Maya, de Pereira; Juan Carlos Cárdenas, de Bucaramanga; Andrés Tovar, de Madrid, y Guillermo Aldana, de Facatativa.
Por el momento no se conoce algún pronunciamiento de la Procuraduría frente a quienes se abstienen de cumplir con el decreto presidencial, lo cual en sí también es motivo de una ardua discusión reflejada por algunos medios de comunicación colombianos.
“¿Es de obligatorio cumplimiento por parte de esos gobernadores y alcaldes?“, se preguntó El Espectador, y agregó: “Para el jurista Rodrigo Uprimny, no, y estos pueden, e incluso deben, por tratarse de inconstitucionalidades burdas, aplicar la excepción de inconstitucionalidad e implementar únicamente los contenidos e interpretaciones constitucionales del decreto“.
“Esto significa que deben intentar levantar únicamente los bloqueos desproporcionados y no todos los bloqueos; en esos casos deben intentar el diálogo y la concertación primero; sólo agotada esa posibilidad pueden recurrir a la fuerza, que debe ser usada en forma proporcionada, conforme a los estándares de derechos humanos y sin nunca involucrar al ejército en esas tareas”, escribió Uprimny en una columna publicada en el portal DeJusticia.
Télam