La propuesta que afectaría a los magistrados judiciales busca que se incorporen aquellos empleados de la Justicia designados previo al 2017 ya que, por ese entonces, una medida similar no se pudo efectivizar.
Con apoyo de radicalismo, Frente de Todos impulsó el artículo mientras el diputado entrerriano aseguraba que es imprescindible “terminar con este privilegio inaceptable”. Sin embargo, la oposición no se quedó atrás y sumó una “cláusula gatillo” para frenar ampliaciones presupuestarias discrecionales vía DNU, que posteriormente el oficialismo aceptó. Este implica que, en caso de que la recaudación por impuestos de parte del Estado sea mayor a la programada, las ampliaciones deberán pasar por el Congreso.
“No me vengan con la independencia del Poder Judicial, todos los demás pagan y los jueces no pagan: es un privilegio inaceptable”, exclamó el legislador.
Por su parte, el dictamen sobre el proyecto de gastos y recursos para el 2023 será emitido este martes y podría extenderse durante una jornada de 24 horas. En la misma, la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados que preside el legislador Carlos Heller buscará abordar ambas temáticas.
Costo fiscal
La exención impositiva por Ganancias de los magistrados nacionales y provinciales le cuesta al Estado un 0,16% del PIB, considerando que un costo fiscal de $55.000 millones fue emitido en 2021 y se elevaría a $129.000 millones este 2022. Según estadísticas, en el 2023 alcanzaría los $237.000 millones.