La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, por el presunto delito de “peculado” -uso ilegal de los bienes del Estado- ante la utilización de aviones de la flota presidencial para trasladar muebles para los hoteles en El Calafate.
Por unanimidad, los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens calificaron la conducta de la Vicepresidenta como utilización “en provecho propio un servicio pagado por la administración pública”.
El camarista Llorens incluso propuso que la confirmación del procesamiento fuera notificada al Senado para que avanzara con el desafuero de Cristina Kirchner con miras a una eventual detención, invocando los tratados internacionales de combate contra la corrupción.
La nueva confirmación del procesamiento deja a la ex presidenta en camino hacia un nuevo juicio oral y público, en el que podría ser condenada con penas de hasta diez años de prisión.
Mientras la Cámara Federal de Casación revocó el procesamiento -por haber utilizado los aviones para trasladar muebles para sus hoteles al Sur cuando era jefa de Estado-, la nueva denuncia radicada por la diputada de Juntos por el Cambio Mónica Frade discute la utilización de los aviones en su rol de vicepresidenta.
Uno de los puntos que resalta la denuncia es que la mayoría de estos vuelos “se vieron motivados en razones personales, solo dos tuvieron relación con actividades de la agenda oficial, cuando la vicepresidente estuvo a cargo del Poder Ejecutivo”: El gasto que estos viajes representaron para el erario público, como un cálculo inicial, fue de 14,5 millones de pesos, correspondiente a combustible de las aeronaves de la Flota Aérea Presidencial y lo abonados a la empresa YPF S.A. por la contratación del avión Learjet 60, matrícula LV-BTA, de la petrolera.
“En general, los vuelos coinciden con fines de semana largo, Semana Santa, o Navidad y año nuevo. Solo dos -insisto- revisten carácter de gestiones oficiales“, dijo Frade.
Para la denunciante, Cristina Kirchner “hizo un uso abusivo, pero por sobre todas las cosas ilegal, de los aviones de la flota presidencial que se encuentran a exclusiva disposición del Poder Ejecutivo. Sin perjuicio de esto, dispone de la flota para traslados personales sin costo particular y, con el consecuente menoscabo a los fondos públicos“.
Los delitos atribuidos van desde “un uso ilegal de los bienes del Estado”, a “malversación de fondos públicos o peculado de uso”. La denuncia también acusa a Cristina Kirchner de “una usurpación de facultades inherentes al Presidente de la Nación, para quien se tiene reservado la utilización de esos transportes”.