Dos ediles ingresaron al Concejo Municipal de Rosario un proyecto para modificar una ordenanza vigente (la 2783/81, que reglamenta el Código de Faltas) y prohibir la actividad de los cuidacoches en las calles de la ciudad.
La iniciativa fue impulsada por Renata Ghilotti (del monobloque Propuesta Republicana) y Carlos Cardozo (de Juntos por el Cambio), que en diálogo con Impulso argumentó: “Nosotros no concebimos que en una zona de estacionamiento medido delimitada por la Municipalidad, con una tarifa, haya gente pidiéndole plata, muchas veces de manera extorsiva, a los vecinos”.
Cardozo también explicó que hay cuadras “tomadas” por los cuidacoches y señaló que los ediles de otros espacios políticos no apoyan la prohibición. “Básicamente todos (se oponen). Los bloques del kirchnerismo y la izquierda de manera terminante. Y los del Frente Progresista no lo hacen de forma tan directa, pero como que evitan abordar el tema, que ha sido una actitud histórica de ese espacio”, detalló.
El proyecto apunta a establecer multas de 100 a 300 UF (Unidades Fijas) a quienes “ofrecen el cuidado y/o lavado de vehículos particulares en la vía pública sin autorización de la autoridad competente”. Además, la pena se elevará al doble si se comprueba que la actividad es desarrollada mediante amenazas o extorsiones, mientras que la multa será de 500 a 1000 UF si el trabajo cuenta con la participación de dos o más individuos en forma organizada.
PROHIBICIÓN, LIBERTAD E INCLUSIÓN
Si bien aclaran que no desconocen que la actividad de los cuidacoches emerge de un contexto de altos índices de desocupación, en los considerando del proyecto los concejales denuncian “sobrados antecedentes de extorsiones, amenazas y daños a la propiedad privada”.
Por eso, aunque otros bloques “hablan de temas de inclusión” como argumento para no avalar la prohibición, Cardozo –que no descarta incluir laboralmente a los cuidacoches de ciertas zonas de la ciudad- prioriza la “libertad” de los ciudadanos de Rosario.
“En primer término tenemos que cuidar las libertades individuales de cada uno de los rosarinos –remarcó-. También tenemos que pensar en las personas que están en situación de vulnerabilidad y apelan a esto como medio de vida, pero nos parece que en primer lugar está la libertad de la gente, que en este caso está comprometida”.
En ese sentido, delimitó: “Apliquemos de forma paralela y progresiva alguna cuestión que tenga que ver con la inclusión. Pero en donde operan como mafias y en las zonas de estacionamiento medido nuestra posición firme es que la actividad esté prohibida”.
Por otro lado, consultado sobre si actuaron judicialmente para frenar esta actividad que describen como “a todas luces ilegal”, Cardozo precisó: “Sí, definitivamente sí. Lo planteamos a nivel municipal y provincial. Cuándo vos tenés la configuración del delito no te podés quedar con un pedido de informes o una nota en un medio. Hay que avanzar con gestiones que sí hemos hecho en el Ministerio Público de la Acusación y ante el Ministerio de Seguridad de la provincia”.
En torno a eso, dio como ejemplo un accionar judicial que antepusieron para intervenir cuando hubo un problema “bastante grave” en la cuadra de Presidente Roca, entre San Luis y Rioja.
Asimismo, aunque en esa ocasión actuó la Justicia, la situación siguió como antes. “Hubo más control, se desactivó bastante la zona. Después, obviamente cuando los controles bajaron la intensidad, volvieron a ‘tomar’ la cuadra. Pero en su momento tuvo resultados”, concluyó.