El proyecto pretende facilitar el acceso a la vivienda de alquiler a todas aquellas familias que encuentren dificultades para cumplir con la garantía que, usualmente, requieren los locadores
En la legislatura provincial se presentó un proyecto que busca la creación de un Fondo de Garantía Pública para alquiler de viviendas en Santa Fe.
La iniciativa de la diputada provincial Verónica Benas (Pares) busca auxiliar a las familias que deben alquilar su vivienda pero no alcanzan los requisitos del mercado inmobiliario.
Aprobado el proyecto, el órgano de aplicación emitirá a pedido del locatario un Certificado de Garantía que tendrá la virtualidad de cubrir, únicamente, el valor de hasta dos meses el alquiler pactado por las partes en caso de incumplimiento, y el monto de la indemnización por resolución anticipada del contrato cuando el locatario no la haya abonado.
También se establece que el locador tendrá la facultad de aceptar o rechazar el Certificado de Garantía ofrecido por el locatario. Si es aceptado, el Certificado será anexado al contrato de locación.
El proyecto establece, además, que el Fondo de Garantía estará al servicio de personas o familias que aspiren a alquilar una vivienda y se encuentren en situación de vulnerabilidad social. El inmueble tendrá como destino vivienda común asentada en territorio provincial.
Según explicó la diputada Verónica Benas en diálogo con IMPULSO, la posibilidad de recurrir a un Certificado de Garantía Pública tendrá alcances bien precisos con el único propósito de favorecer la celebración de un contrato de alquiler, fijando límites y requisitos que evitan agregar demandas contra el Estado. “La iniciativa habilita el recupero de los fondos públicos que se destinen para afrontar las situaciones de incumplimiento contractual o rescisión anticipada del mismo, y establece una sanción expresa para el inquilino beneficiario que no reintegre al Fondo de Garantía los conceptos cubiertos por éste”, detalló la legisladora.
Frente a estas circunstancias, el proyecto propone que a solicitud de una o ambas partes, se podrá habilitar una instancia de conciliación voluntaria, a fin de buscar alternativas de solución extrajudicial a los conflictos derivados de falta de pago en los contratos de alquiler.
Imágenes: Ilustrativa cortesía Houser