En medio de conflictos y denuncias por toma de terrenos y ventas dudosas, presentaron un proyecto de ley para distribuir tierras públicas y rurales.
El Gobierno de Alberto Fernández denunció al ex presidente Mauricio Macri y a otros funcionarios de su gobierno por vender algunas tierras públicas por lo que consideran un precio vil y a presuntos conocidos, como, por ejemplo, las tierras entregadas a AySA y a una universidad del Conurbano.
Félix Crous, Jefe de la Oficina Anticorrupción denunció a principios de septiembre a Macri, al ex Jefe de Gabinete Marcos Peña y al Presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, AABE, Ramón Lanús, por privatizar inmuebles a menor precio que el establecido por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, en licitaciones con pocos oferentes.
“Los precios por los cuales fueron vendidos, le causan un perjuicio notable al Estado tratándose de bienes muy deseables por cualquiera que esté en el mercado inmobiliario”, dijo Crous.
Y agregó que “son los terrenos literalmente más caros de la República Argentina”, ya que se calcula un perjuicio de aproximadamente de 70 millones de dólares.
El Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, acusó a Macri de usar a la AABE como una inmobiliaria en el acto en el que entregó uno de sus terrenos a AySA y otro a la Universidad Nacional del Oeste.
Además, el Gobierno revocó sesiones que había hecho Macri para desarrollos inmobiliarios, uno en corrientes que ahora se destinará para viviendas del plan ProCrear y otro en Vicente López que quedará para La Armada.
En tiempos de tomas de tierras, 24 diputados oficialistas presentaron el proyecto de ley llamado Marcha al Campo, para distribuir tierras públicas y rurales y apoyar su producción.
María Rosa Martínez, diputada del Frente de todos explicó que este proyecto está dirigido “en primer lugar a aquellos trabajadores rurales que viven en el campo, que actualmente tienen dificultades”.
Asimismo, añadió que “los que siguen son las personas que vienen del campo a la ciudad para construir una migración inversa y otras son para parejas, familias o personas jóvenes que deseen desarrollar su vida en el campo”.
El urbanista del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, CIPPEC, Fernando Murillo, cree que es positiva “cualquier tipo de iniciativa que apunte a facilitar o movilizar suelo público para resolver cuestiones sociales y productivas”.
Además, agregó que “hay una necesidad más urgente, ahora en post pandemia, de crear hábitat para los sectores más populares”.
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