Los diputados Carlos Del Frade y Mercedes Meie presentaron un proyecto en la Legislatura provincial que busca la regulación y participación estatal en el mercado inmobiliario de alquileres.
La ley provincial de alquileres constará entre sus ejes principales de la creación de un registro de propiedades ociosas con el fin de poner un freno a la especulación inmobiliaria y poder garantizar el acceso a un alquiler digno. Incluso se buscará aplicar una mayor presión fiscal a las propiedades desocupadas.
Por otra parte, el proyecto de ley contempla la conformación de un fondo especial para la construcción de viviendas en alquiler que sería administrado por el Estado para que, junto con organizaciones sociales, gremiales, de la economía social o privados, se avance en la creación de inmuebles que se pongan en alquiler para sectores de ingresos medios, principalmente trabajadores en relación de dependencia, jubilados y estudiantes.
En cuanto a las principales complicaciones que padecen los inquilinos a la hora de ingresar a una vivienda o renovar su contrato, la ley establece eximir del impuesto al sello a los locatarios y también crear un fondo de ayuda para quienes alquilan.
También se propone la creación de una garantía social pensada para ayudar a los jóvenes estudiantes y trabajadores y a las mujeres que necesitan mudarse rápidamente por estar en situación de violencia de género.
Ariel D’orazio, coordinador del Consejo Asesor de Vivienda en la Oficina del Consumidor de Rosario, consideró que, de acuerdo a los números elaborados por el Instituto de Estadísticas y Censos (Indec), “se conformó una canasta básica de más de 65 mil pesos para no caer por debajo de la línea de pobreza, pero esa canasta no calcula el valor de los alquileres. Cuando alquilas, a ese resumen de gastos hay que sumarle entre 20 y 30 mil pesos más para no caer en la línea de pobreza. Hoy eso no lo mide el Indec”.