El Presupuesto 2020 aprobado por Senadores y Diputados en la Legislatura de Santa Fe destina el 0,5 por ciento de los recursos totales (unos 2000 millones de pesos) para implementar el boleto educativo gratuito en todo el territorio santafesino.
El proyecto incluye gratuidad para viajar a estudiantes, personal docente y no docente. Además de un descuento del 50% en el valor del boleto para trabajadores que no ganen más de dos sueldos básicos.
Durante los últimos cuatro años, el costo de viajar en colectivo aumento entre 300 y 500 por ciento, dependiendo del distrito del país.
Según un informe del Observatorio Universitario de Buenos Aires (OUBA), de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, el 10 por ciento del alumnado se moviliza caminando, el 6 por ciento viaja en auto privado, el 5 por ciento en bicicleta y el 79 por ciento viaja a estudiar en transporte público. El 62 por ciento de estos últimos usa un solo medio y alrededor del 17 por ciento realiza alguna combinación entre distintas modalidades de transporte público.
La encuesta relevó que aproximadamente una de cada tres personas mencionaron el costo del transporte como una de las problemáticas más apremiantes asociadas al traslado a la facultad.
COMO EN CÓRDOBA
La medida que se piensa para Santa Fe ya funciona en la provincia de Córdoba. Se beneficia con boletos gratuitos a los estudiantes de instituciones educativas públicas de gestión estatal y de gestión privada con aporte estatal que integran el sistema educativo público de la provincia en los niveles inicial, primario, secundario y superior; a los estudiantes de las universidades públicas y estudiantes becados por las universidades privadas, radicadas en la Provincia.
Docentes y no docentes pertenecientes a las instituciones educativas públicas de gestión estatal y privada oficializadas también gozan del beneficio. Es para los niveles inicial, primario, secundario y superior.
Además, favorece con el descuento del 50 por ciento a los trabajadores y obreros que desarrollen actividades en el ámbito privado o público, cuya remuneración no supere el salario mínimo vital y móvil.