Veinte referentes provinciales, nacionales e internacionales debatieron en la Cámara de Diputados sobre la exención del derecho de propiedad intelectual de las vacunas contra el coronavirus.
“La gran convocatoria a estas jornadas de debate, así como los ejes que se plantearon para la discusión, demuestran la necesidad de poner en el centro de la escena al derecho a la salud como bien público global y movilizar todos los mecanismos que garanticen el acceso universal”, manifestó la diputada socialista Claudia Balagué al finalizar los encuentros que fueron transmitidos en vivo por el canal de Youtube de la cámara baja santafesina.
“Es muy difícil sintetizar la riqueza del debate, pero destacó los ejes que propusieron revalorizar el Objetivo para el Desarrollo Sostenible de la salud como bien público global, que por ahora sigue siendo una enunciación; de achicar las brechas entre conocimiento científico y bieoética; de atender la problemática latinoamericana entre pandemia y política; de las tensiones entre lo individual y lo colectivo; de la importancia del activismo social internacional para presionar por acciones globales más justas y oportunas”, sintetizó la diputada sobre el segundo encuentro.
ORADORES VARIOS
En primer lugar, Sabrina Benedetto, directora de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, destacó que a pesar de los mecanismos de cooperación internacional que se pusieron ya de manifiesto, persisten la incertidumbre y desaliento en la comunidad internacional, que se profundiza en países no desarrollados. La especialista señaló que la salida es multilateral, no individual, porque aunque los países desarrollados completen su vacunación, se necesita que el 70 por ciento de la población mundial haya recibido la vacuna para empezar a superar la pandemia.
En este sentido, alentó a exigir la activación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, puntualmente, el que busca la salud como bien público, y la alianza para lograr los objetivos comunes, y la Ayuda Oficial al Desarrollo, mediante la cual los países desarrollados pueden transferir tecnología vía la ayuda que tienen comprometida por propia voluntad y que en muchos casos no cumplen.
Desde el Colegio de Abogados de Rosario, la especialista en Bioética, Julia Canet, se refirió a “la profunda inequidad de acceso a medicamentos” que esta situación de pandemia puso también de relieve e insistió en la liberación de las patentes porque “si bien esta medida no va a resolver la vacunación para todas las personas, se justifica ya por las vidas que se puedan llegar a salvar, y además porque éticamente es necesario dejar de hacer lo que conviene y comenzar a hacer lo que corresponde”. Además instó a que el objetivo de fondo sea “modificar la estructura política que hoy permite que haya empresas que toman decisiones que afectan los derechos humanos y que cuestan la vida de muchas personas”.
Por su parte, la médica Nila Heredia, ex ministra de Salud de Bolivia durante la presidencia de Evo Morales, repasó la situación regional de América Latina respecto de la pandemia, y sus condicionantes políticos y sanitarios, y analizó el pedido del Mercosur a la Organización Mundial de la Salud para lograr el acceso efectivo, equitativo, transparente y oportuno a las vacunas y a la transferencia tecnológica que permita su producción local. “Declarar la salud como un bien público es un tema político”, definió Heredia y propuso llevar este planteo a todos los ámbitos posibles en simultáneo, incluyendo el Parlasur.
A su turno, el secretario de Salud de Rosario, Leonardo Caruana se refirió a las tensiones a que se enfrentan los equipos de salud en el tema pandemia y vacunas, entre la centralización y la descentralización, lo individual y colectivo, los sistemas verticales y los integrales. En este sentido, propuso considerar, como se hizo en Rosario, la vulnerabilidad entendida en determinaciones más estructurales y señaló que de las más de 22000 personas registradas en los Centros de Salud de Rosario, con enfermedades crónicas y que tienen indicación de vacunarse, solo el 30 por ciento se había inscripto a través de las herramientas que se plantearon desde la centralidad.
MAS POSTURAS
Para finalizar las exposiciones, intervinieron la Dra. Paola García Rey, directora de Amnistía Internacional Argentina, y Norma Ríos, vicepresidenta nacional de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
Para García Rey, el rol de la sociedad civil en el contexto de la pandemia y para el desarrollo de la vacuna es generar presión para que los estados garanticen los derechos humanos. “Desde Amnistía buscamos que los estados y la industria farmacéutica respeten derecho a la salud”, especialmente atendiendo a poblaciones históricamente vulnerables, como las poblaciones indígenas, que requieren protocolos especiales de vacunación; las personas migrantes, que quedan fuera de las inscripciones a vacunación por no disponer de un DNI o las personas que no pueden acceder a los sistemas digitales de inscripción.
García Rey también indicó la importancia de exigir la transparencia de los canales y criterios sanitarios, y de la ejecución de los planes de vacunación. Agregó que “los países más ricos del mundo, que representan un 16 por ciento de la población mundial, para marzo de 2021 ya habían adquirido más de la mitad de las dosis de vacunas para tenerlas bajo su administración” y expresó que “esta pandemia tiene que sacudir las estructuras de desigualdad que se han sostenido históricamente”.
Por su parte, Norma Ríos, actual vicepresidenta de APDH Argentina expuso la presentación que elevaron a la Organización de las Naciones Unidas, a través de la que solicitaron la extensión del derecho de propiedad intelectual sobre las vacunas y las tecnologías de la salud asociadas al tratamiento contra el Covid 19, para que el acceso no quede ceñido a las posibilidades de ingreso económico, que vulneran el acceso justo a la salud.
El cierre de esta segunda jornada estuvo a cargo de la diputada Paola Bravo, quien se explayó sobre las injusticias del sistema que con las herramientas de la política es preciso transformar; la doctora en Ciencias Sociales, Mariel Colautti, que realizó una síntesis crítica de las intervenciones de ambas jornadas; y el exministro de Salud de Santa Fe, Mario Drisun, que indicó que este contexto es clave para el tratamiento del proyecto provincial de ley de salud, considerada como bien público de acceso universal.