Empresarios y Municipio salieron al cruce de un informe presentado por los colegios profesionales de arquitectos y agrimensores, donde denunciaban una serie de incumplimientos en nueve desarrollados privados
Desde hace aproximadamente diez días, se abrió en la vecina localidad de Funes, una polémica en torno al desarrollo de algunos barrios residenciales, por supuestas irregularidades denunciadas por los colegios de Arquitectos y Agrimensores, y refutadas por políticos y empresarios.
Los barrios Cantegril, Funes Hills, Funes Town y Funes City, Haras del Bosque y Haras de Funes, Pinola y Scoccia fueron los señalados como quienes incumplieron las normas, con diferentes grados de infracciones.
Según detalló en su momento Edgardo Bagnasco, presidente del Colegio de Arquitectos de Rosario, el informe que difundieron tiene por objetivo alertar a los que compraron los lotes, "que no saben con lo que se van a encontrar, desde un terreno anegado, hasta un espacio donde pasan aviones que fumigan".
Además de ello, hay otras faltas a la normativa, como errores en la subdivisión de los terrenos, modificación de la denominación del terreno, y lo que se refiere a las obras de infraestructura que debieran realizar las empresas como contraparte, en beneficio de la comunidad de Funes.
La respuesta no se hizo esperar, tanto del lado empresario como desde el ámbito político. La empresa Grupo Lands SA, fiduciaria de Funes City y Funes Town, publicó una solicitada el pasado domingo en el diario La Capital, calificando como "imprudente" el informe de los colegios profesionales.
"Es grave que los profesionales que suscriben (…), lo hagan en representación de las instituciones que presiden, cuando el rol de estas organizaciones es la defensa de los intereses profesionales y sus incumbencias y no supuestos derechos ciudadanos que consideran hipotética e infundadamente afectables", rezaba el texto.
A lo largo de la solicitada, la firma explica que sus dos proyectos cuentan con las habilitaciones correspondientes, que "en los dos emprendimientos se vienen desarrollando sin pausa las obras de infraestructura comprometidas", y que tanto la comercialización, como el desarrollo "se realizan con estricto apego a la legislación".
Del lado de la Municipalidad, quien tomó las riendas fue el propio Intendente, Juvenal Rímini, quien descalificó el informe de los profesionales al decir que se basaba sobre información infundada y directamente sentenció "esto es mentira".
La polémica dejó muy mal parados a los desarrolladores implicados en la polémica, y a los integrantes del Ejecutivo local. De hecho, el Municipio emitió una carta documento pidiendo la retractación a los colegios profesionales.
Lo cierto es que a partir de ahora se abre un manto de sospecha que incumbe a todos los actores en conflicto: a los colegios porque no está demasiado claro porqué decidieron comenzar esta arremetida -alegaron que lo hicieron en base a una solicitada de una concejala local-; las empresas desarrolladoras, denunciadas por respetables instituciones; y el Municipio, por las mismas razones.
Los principales afectados parecen ser los inversores y propietarios de lotes, que se encuentran en el medio de la polémica sin aviso previo, y habiendo desembolsado parte de sus ahorros, en algunos casos, para concretar el sueño de la vivienda propia.
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