El gobierno apela al ajuste inflacionario del gasto público, liderado por la licuación de las jubilaciones. El principal riesgo es que el próximo gobierno caiga en la tentación de mantener esta misma estrategia de ajuste para reducir el déficit fiscal. Lo que se debe hacer es un ordenamiento integral del Estado.
Ante la aceleración inflacionaria producto del descalabro fiscal aparece como inevitable, aunque muy resistido, un fuerte ajuste fiscal. El camino alternativo para equilibrar de manera sustentable las cuentas públicas, y simultáneamente mejorar la gestión pública, es abordar un ordenamiento integral del Estado.
Suponer que un cambio en el régimen monetario y cambiario alcanza para forzar la eliminación del déficit fiscal es una ingenuidad. Para no repetir fracasos, hay que ordenar integralmente el Estado. Un componente clave es eliminar los solapamientos entre el gobierno nacional, las provincias y sus municipios.
Paradójicamente, la pobreza sigue aumentando con un gobierno cuya principal bandera es la justicia social. El incremento del gasto público, incluido el asistencial, provoca una aceleración inflacionaria que condena a cantidades crecientes de personas, especialmente niños, a vivir en la pobreza.
La aceleración de la inflación aumenta la pobreza. No hay política compensatoria del Estado que baje la pobreza sin reducir la inflación. Lo que se necesita es cuestionar los consensos que dan sostén a las malas políticas que generan los crónicos déficits financieros y de gestión del Estado.
Ante la crítica situación fiscal del Estado nacional, contrasta la situación fiscal de las provincias, en general, y de Santa Fe, en particular. Presentan holgados superávits fiscales. No se trata de austera administración. Es simplemente aprovechamiento de la inflación.
Las cuentas públicas en los primeros cuatro meses del año muestran un creciente desequilibrio fiscal. Mientras la recaudación varía al ritmo de la inflación, el gasto aumenta muy por encima de los precios. Con este manejo de las cuentas públicas es inevitable que siga la aceleración de la inflación.
Lo anunció el gobierno nacional este viernes. Otra vez se opta por una estrategia gradualista que supone que el déficit fiscal se reducirá porque la recaudación aumentará más que los gastos gracias al crecimiento de la economía. Se repite la misma inconsistencia que llevó al fracaso del acuerdo anterior.
El gobierno dijo que hay acuerdo con el FMI para un avance gradual al equilibrio fiscal, pero no en los plazos para lograrlo. Se pasa por alto que el problema argentino es la crónica propensión del Estado a gastar por encima de sus recursos. Esto no se resuelve con gradualismo sino con un ordenamiento integral del Estado
La vicepresidenta hizo público el enfático reclamo por un mayor incremento en el gasto público. Se puede aumentar el gasto nominal, pero no el real, porque la inflación lo licúa de manera automática. La propuesta de CFK, compartida por muchos argentinos, está en la médula de la decadencia argentina.
La muy alta inflación no es un efecto no deseado sino el instrumento que permite licuar el gasto público. Así se lo reduce al nivel que puede ser financiado con impuestos o con deudas. Mientras se eluda el ordenamiento integral del Estado seguirá siendo la inflación la que se haga cargo de ajustar las cuentas públicas