La mejora en el humor financiero contrasta con el deterioro en el humor social. Si bien los salarios y las jubilaciones le vienen ganando a la inflación, su nivel todavía está muy por debajo del que tenían hace 7 años, cuando se inició la crisis actual. La solución es pasar a la etapa de la implementación del Acta de Mayo.
Argumentando que la ley sobre movilidad previsional conspira contra el equilibrio fiscal, el presidente reaccionó enfáticamente contra el Congreso. Con la cabeza más fría, se daría cuenta que la ley, alconsolidar la licuación de las jubilaciones sufrida desde el 2017,es una oportunidad inédita para darle sostenibilidad al superávit fiscal.
El gobierno y el Congreso se disponen a modificar la movilidad jubilatoria. Esto frena la licuación, pero perpetúa las pérdidas pasadas. Es el momento apropiado para recomponer la situación de los que se jubilaron sin haber “comprado” aportes utilizando alguna moratoria
La reducción del déficit fiscal lograda principalmente mediante la reducción de las jubilaciones resultará en la disminución de la jubilación mínima a mínimos históricos debido a la licuación de los haberes. Por qué no es una estrategia sostenible.
La Administración Pública Nacional muestra superávit en el mes de enero 2024. La principal causa es la fuerte caída del gasto social, en especial, las jubilaciones. Dado que las jubilaciones están en su mínimo histórico, es necesario rápidamente migrar hacia fuentes más genuinas de sostén del equilibrio fiscal.
El descalabro macroeconómico sería mucho peor si no fuera porque en los últimos años bajó el gasto previsional gracias a la caída en las jubilaciones que provocó la muy alta inflación. Es imprescindible un ordenamiento del sistema previsional en lugar de intentar congelar esta situación manipulando la movilidad previsional.
El gobierno apela al ajuste inflacionario del gasto público, liderado por la licuación de las jubilaciones. El principal riesgo es que el próximo gobierno caiga en la tentación de mantener esta misma estrategia de ajuste para reducir el déficit fiscal. Lo que se debe hacer es un ordenamiento integral del Estado.
Aunque las jubilaciones se ajustan trimestralmente con la fórmula de movilidad y se le adicionan bonos, la aceleración inflacionaria está haciendo estragos con su valor real. Para mejorar la situación de los jubilados es imprescindible bajar la inflación y para esto es esencial abordar el ordenamiento previsional.
Se instrumentó una tercera versión del dólar-soja. Esto acelerará la emisión monetaria la cual el Banco Central tratará de absorber aumentando la emisión de Leliq. Se ha llegado al extremo que el Banco Central ya gasta más en intereses de las Leliq que la ANSES pagando jubilaciones.
El cuestionado canje de bonos que impuso el Ministerio de Economía opera como una nueva confiscación sobre los ahorros previsionales. Respetando la autonomía de la ANSES prevista en la Constitución Nacional se podrían desalentar normas previsionales demagógicas y nuevas confiscaciones.
Con un amplio consenso, en Tierra del Fuego se estableció que los empleados públicos se jubilen a los 55 años. La promesa es actuarialmente incumplible. Se suma otra evidencia de que la decadencia argentina no es producto de la “grieta”, sino de los consensos en torno a políticas equivocadas.