La Cámara Federal de Rosario le dio un cierre definitivo a la causa que involucraba a expresidentes de la Mesa de Enlace y otros dirigentes agropecuarios.
Todo se había iniciado en meses muy turbulentos de la Argentina y especialmente para el agro, cuando el Gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en 2008 se enfrentó a todo o nada con el sector primario.
El motivo había sido la aplicación de retenciones móviles a las exportaciones, mediante la resolución 125 del Ministerio de Economía que, por aquellos tiempos, comandaba Martín Lousteau.
El motivo de la causa
En aquel contexto se iniciaron una serie de causas judiciales en contra de los dirigentes agropecuarios que encabezaban los reclamos. En una de las mismas resultaron imputados el expresidente de CARBAP y CRA Mario Rafael Llambías, dirigentes de las Sociedades Rurales de San Pedro y Baradero, Raúl Placido Victores y Rene Horacio Ducret.
Mario Leandro Barbieri, Hugo Luis Biolcati, Luciano Miguens, Fernando Alberto Gioino y Eduardo Oscar Buzzi fueron también parte de la causa, iniciada el 19 de marzo de 2008 por un corte de ruta en la Ruta Nacional 9, a la altura de San Pedro.
Juan Patricio Murray, fiscal federal con jurisdicción en el lugar por esos días, ordenó liberar la ruta y encomendó la tarea a la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval, que encontró respuesta por parte de los acusados. Hubo incidentes y detenidos.
Hasta la dirigente política Margarita Stolbizer, diputada nacional también en aquel entonces, fue imputada en la causa y resultó beneficiada con este reciente fallo judicial.
Resolución
El juez Federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, dictó la “falta de mérito” ese mismo año para todos los acusados. Murray, sin embargo, apeló y la Cámara Federal devolvió la causa a Villafuerte Ruzo, quien en 2017 decidió darle sobreseimiento nuevamente a los imputados.
No sería el último paso: nuevas apelaciones devolvieron la decisión final a la Cámara, que ahora determinó extinta a la acción penal.
“A lo largo de estos 16 años, las defensas de los imputados cuestionaron la falta de pruebas concretas y argumentaron que las acciones de los acusados se enmarcaban dentro del derecho a la libre expresión y a la protesta pacífica. Debido al prolongado tiempo transcurrido y a la falta de pruebas contundentes, se resolvió la imposibilidad de continuar con la acción penal”, señalaron desde CARBAP en un comunicado.
“Desde la Sociedad Rural de San Pedro volvemos a recordar con orgullo aquella reacción y reiteramos el compromiso de defender a los productores de todo el país que siguen siendo el motor de la producción y el desarrollo de nuestro país”, informaron desde la entidad gremial.